El que la empresa solo dé por válidas retribuciones «por contrato laboral indefinido, autónomo o pensión contributiva» hunde las esperanzas de los afectados y desata la ira del Sindicato de Inquilinas, que considera la decisión «inaceptable»
Han pasado algo más de veinticuatro horas desde que, en la mañana de ayer, Desirée Izquierdo, su hija de seis años y su pareja abandonasen el piso del barrio ovetense de Las Campas en el que residían, ante la impertérrita mirada de los agentes de la Policía Nacional desplegados en previsión de altercados, y pese a los esfuerzos de los manifestantes allí concentrados para tratar de paralizar el desahucio. Sin que su vulnerabilidad haya sido reconocida por las autoridades regionales, pese a contar con un informe favorable, a estas personas les aguarda un destino incierto… Y más aún desde que, según se ha conocido este miércoles, VIPASA, la empresa autonómica gestora del parque público de viviendas del Principado, les haya negado el acceso, en régimen de alquiler, a uno de sus inmuebles. El argumento esgrimido, recogido en las comunicaciones remitidas a Izquierdo vía por correo electrónico, es que el Ingreso Mínimo Vital, única fuente económica que la familia afirma tener, «no se toma como ingreso»; y es que, tal como estipula la normativa, solo son válidos aquellos ingresos «procedentes de contrato laboral indefinido, autónomo o pensión contributiva». Un hecho que ha sumido a madre, hija y pareja en la desesperación, y que ha desatado la ira del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, que considera «inaceptable» semejante rechazo.
«Vulnera por completo el derecho a una vivienda digna, y deja en situación de grave vulnerabilidad a una familia con una menor, acrecentando más, si cabe, el fuerte impacto social y personal que ya sufren, tras ser ejecutado ayer su desahucio», claman desde esa última entidad. La misma que, como se adelantó durante la ejecución del lanzamiento, ha constituido una ‘caja de resistencia’ para apoyar económicamente a Izquierdo y a los suyos durante los días venideros, que pasarán en casa de la hermana de su pareja, en Tudela Veguín. Ni qué decir tiene que ni para los afectados, ni para el Sindicato, se trata de la forma ideal de resolver el problema… Muy al contrario, a su juicio «esta situación pone de manifiesto, una vez más, la falta de mecanismos efectivos y voluntad política para evitar la pérdida del hogar de una familia en situación de vulnerabilidad». Por ello, y pese a que la situación de estas tres personas ya es difícil de revertir, la organización exige a las Administraciones «la recuperación del parque público para garantizar el derecho a la vivienda, la paralización inmediata de todos los desahucios, y la prohibición de los mismos, ya sean de viviendas privadas o, más especialmente, sociales». Y en el Sindicato concluyen enarbolando las cuatro peticiones que, desde su fundación, ondean por bandera: «vivienda, transparencia, responsabilidad y soluciones efectivas».
