El PSOE denuncia prórrogas «sin licitar el contrato» y un canon «congelado desde 1974», mientras el gobierno local defiende la legalidad de la continuidad por interés público
El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha debatido este lunes la situación del aparcamiento subterráneo de La Escandalera tras la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la gestión de la concesión y sus sucesivas prórrogas. El concejal socialista Jorge García Monsalve defendió la iniciativa calificando el aparcamiento, con ironía, como “una auténtica seña de identidad de nuestra ciudad”, criticando duramente la gestión del contrato tras su vencimiento en 2023. Según expuso en el Pleno, la concesión original de 50 años finalizó el 15 de septiembre de ese año y desde entonces se han aprobado tres prórrogas consecutivas sin que el nuevo contrato haya sido licitado, lo que, a su juicio, evidencia “inoperancia del equipo de gobierno”.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue el canon abonado por la empresa concesionaria, fijado en 22,27 euros anuales. García Monsalve lo describió como una cifra “exorbitante en su origen y no actualizada en más de 40 años”, al proceder de la conversión de 1.000 pesetas establecidas en 1974. En su argumentación, sostuvo que el mantenimiento de las actuales condiciones económicas supone “un auténtico regalo a la empresa concesionaria” y que los ingresos en prórroga “van directamente a la cuenta de resultados” una vez cubiertos los costes de explotación. El edil también afirmó que el coste de construcción del aparcamiento “está sobradamente amortizado” tras medio siglo de concesión, por lo que defendió que las tarifas deberían revisarse y ajustarse al coste real del servicio.
Desde el equipo de gobierno, la respuesta del concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, fue crítica con el planteamiento socialista. Se defendió que las prórrogas responden a una situación de interés público y que el marco jurídico de la concesión permite su continuidad en términos excepcionales. En el debate se advirtió, además, de que cualquier modificación del equilibrio económico del contrato podría generar consecuencias jurídicas y económicas para el consistorio. En su intervención, defendió la validez de los informes técnicos que sustentan el expediente y recordó que la actuación municipal se ajusta a los procedimientos legales establecidos. Cuesta también reprochó implícitamente a la oposición la reactivación de un debate que, según el gobierno local, ya había sido analizado en instancias administrativas y jurídicas, insistiendo en la necesidad de respetar los criterios técnicos emitidos por los servicios municipales.
