El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias alerta de este caso en Oviedo y de otro en Gijón que afecta a una víctima de violencia de género con otra menor de 9 años; acudirá con estas dos mujeres y otras dos gijonesas este miércoles a VIPASA para trasladar sus situaciones y buscar «una solución de alternativa habitacional de emergencia»
La caída de la moratoria antidesahucios ha reactivado diferentes casos de desahucios a colectivos vulnerables. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha dado alerta esta mañana del caso de una mujer de Las Campas y su hija de 6 años que están en proceso de expulsión de la vivienda en la que residen. «La jueza no nos declara vulnerables aun habiendo un informe de Servicios Sociales», apunta Desiré, la afectada, que confiesa que «no tenemos dónde ir. Los ingresos que tenemos son limitados y nadie nos da ninguna opción».
Esta situación es similar a la que vive una víctima de violencia de género del barrio gijonés de Nuevo Roces, aunque en este caso no es inquilina de un pequeño propietario, como Desiré, sino de Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA). «Le dieron una vivienda social en 2019 por la violencia y en su momento tuvo ayudas económicas por este motivo. Una vez que concluyó el periodo de ayudas, se quedó con una cantidad de dinero de 130 euros al mes para vivir. Evidentemente, no pudo pagar», relata Andrés García, portavoz de este colectivo. En la actualidad, al ser beneficiaria del ingreso mínimo vital, sí puede hacer frente al alquiler, «pero se generó una deuda que ahora le reclaman y le han puesto esa demanda de desahucio», que se ejecutará el 5 de mayo.
Estas dos mujeres y otras dos más residentes de Gijón, otra víctima de violencia de género de VIPASA y una pensionista de pequeño propietario, acudirán mañana a las 11 horas a la sede de la sociedad pública junto con representantes del sindicato para tratar su caso. «Vamos a exigir una solución de alternativa habitacional de emergencia para ellas», afirma García, con notable preocupación con lo que respecta a la situación de residentes en Las Campas y en Nuevo Roces al ser «mujeres con menores escolarizados que no pueden ser desahuciadas; tiene que intervenir la Administración y servicios sociales».
