La Guardia Civil desarticula una red que operaba en Asturias, Cantabria y País Vasco y que cobraba hasta 30.000 euros a las víctimas para facilitar su llegada a España y su contratación en condiciones irregulares

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por su presunta implicación en una red dedicada a la explotación laboral de trabajadores extranjeros en obras de construcción en Asturias, Cantabria y País Vasco. En total, han sido identificadas 41 víctimas, la mayoría en situación administrativa irregular y en condiciones de especial vulnerabilidad. La investigación, desarrollada por la Policía Judicial del instituto armado bajo el nombre de ‘Ambotan-Canapu’, se inició el pasado verano tras detectarse indicios de una posible red organizada de captación y explotación de mano de obra. Según las pesquisas, los implicados habrían articulado un sistema para suministrar trabajadores a distintas obras del norte de España mediante empresas con sede en el País Vasco.
Los agentes han constatado que muchos de los trabajadores habían llegado a España tras recorrer distintas rutas migratorias, en algunos casos con escalas en países europeos como Grecia o Italia. Parte de ellos habrían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje, una circunstancia que los investigadores vinculan a su situación de dependencia respecto a quienes gestionaban su empleo y desplazamientos.
En el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil detectó que los trabajadores eran trasladados diariamente a distintas obras desde puntos de concentración en Vitoria, recorriendo en algunos casos largas distancias. En las provincias de Asturias y Cantabria, algunos de ellos eran alojados en viviendas durante la semana laboral. El operativo ha contado con la participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se incorporó a las diligencias en febrero de 2026. En las inspecciones se detectaron irregularidades laborales en varias obras y se documentaron además accidentes sufridos por trabajadores vinculados a la red, en algunos casos con atención sanitaria posterior.
Durante la fase final de la operación, desplegada de forma simultánea en varias comunidades, se inspeccionaron diez obras y se identificaron 41 trabajadores extranjeros. Según los datos de la investigación, 40 de ellos se encontraban en situación administrativa irregular y utilizaban en algunos casos documentación de terceros para acreditar su identidad. En el dispositivo participaron más de 70 efectivos de unidades de la Guardia Civil en Asturias, Cantabria y País Vasco, que llevaron a cabo registros en inmuebles y establecimientos, donde se intervino documentación y material electrónico que ahora está siendo analizado.