ACEX, la patronal del sector de la conservación viaria, recurre el proyecto del Ministerio, alegando que los pliegos restringen la competencia y generan «indefensión» técnica a los licitadores, además de omitir el desglose de los diferentes costes
En el caso del Principado, se verán afectadas obras de conservación como las previstas en la A-63, la N-630, la O-11 o la O-12, así como las mejoras en la seguridad de la A-66; el Gobierno solo podrá recurrir a emergencias hasta que el caso se resuelva
Un nuevo escándalo ligado al Ministerio de Transportes ha sacudido hoy la actualidad española… Sin que Asturias se haya librado de la onda expansiva. Según ha trascendido esta mañana, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), patronal de dicho sector, ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) el ‘macroplan’ de conservación y mantenimiento de carreteras lanzado por la Administración que preside el socialista Oscar Puente, obligando a su paralización hasta que el órgano colegiado se pronuncie sobre el particular. En la práctica, eso supone dejar en el limbo los 1.006 millones de euros reservados para afrontar los seis contratos en cuestión, divididos en veintinueve lotes, de los cuales uno, valorado en 32,35 millones de euros, IVA aparte. Y no ha sido solo cosa de la guerra abierta que ACEX mantiene con el Ejecutivo; otras entidades, desde los sindicatos CCOO y UGT, hasta distintas uniones temporales de empresas (UTE), han interpuestos sus propios recursos.
Según la patronal sectorial ha manifestado -y ha recogido el diario financiero El Economista-, en el centro de su disconformidad está la convicción de que los pliegos, tal como están redactados, restringen la competencia y generan «indefensión» técnica a los licitadores, lo que, de ser cierto, constituiría una vulneración flagrante de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, profundizan en ACEX, el presupuesto base de licitación de cada contrato omite los diferentes costes a tener en cuenta antes de lanzarse a participar en el proceso, como los directos, los indirectos y los salariales por género y categoría profesional. Razones todas por las que la parte recurrente entiende que procede dar por nulas las bases del ‘macroplan’, y aplicar la retroacción de las actuaciones, de modo que el Ministerio de Puente pueda redactar un nuevo pliego «ajustado a los principios de transparencia y proporcionalidad». Así las cosas, hasta que el TACRC resuelva quedan bloqueadas todas las intervenciones previstas para la mejora de la seguridad vial y del firme, que habrían debido ejecutarse en un total de diez comunidades autónomas; entre ellas, Asturias. Solo se podrá actuar en casos de emergencia.
¿Qué factura pasará este imprevisto al Principado? Bien, como se ha dicho, la región debería haberse beneficiado de intervenciones por valor de más de 32 millones de euros. El listado de actuaciones, que fue oficialmente presentado en la primera mitad de junio de este año, incluye la conservación de la A-63 entre los kilómetros 0 y 2, de la A-66 entre puntos 29 y 65, y de la N-630 entre el 29 y el 59, extendiéndose a lo largo de 51,48 kilómetros. Labores similares se habrían acometido en la O-11 entre los puntos kilométricos 0 y 0,74, y en la O-12, en el tramo que va del punto 0 al 1,65. Finalmente, el Ministerio anunció que se harían diferentes intervenciones de mejora de la seguridad vial en la A-66; concretamente, entre los kilómetros 38,2 y 39,9. En todos los casos los trabajos habrían tenido una duración inicial de tres años, que podría haberse prorrogado otros dos, y que, incluso, habría podido contar con un añadido extra de nueve meses. Paralelamente, se habrían realizado mejoras de la eficiencia energética, reduciendo las emisiones de la actividad de la Dirección General de Carretera. Todo ello está ahora en tela de juicio.
A la espera de las más que probable reacciones del propio Ministerio, de las fuerzas políticas en la oposición y de los actores interesados, los primeros en pronunciarse, a escala nacional, han sido los representantes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). A través de un comunicado remitido a los medios, los portavoces de la patronal de los transportistas por carretera han expresado su preocupación por este imponderable, y han recordado que, en la actualidad, «el deterioro del firme, las deficiencias en la señalización, la falta de mantenimiento y las restricciones derivadas de obras o de malas condiciones de la vía incrementan los tiempos de viaje, el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los costes de explotación». De ahí que llamen a encontrar una solución cuanto antes, toda vez que, entienden, «ni los usuarios de las carreteras ni, en particular, el transporte de mercancías, tienen que verse perjudicados por un conflicto derivado del procedimiento de contratación».
