Cepi avanza hacia una concesión que podría sobrevivir durante décadas al propio alcalde, como ocurrió con Gabino de Lorenzo en Oviedo
El alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, está a las puertas de adoptar una de las decisiones con mayor capacidad para condicionar el futuro del concejo durante las próximas décadas: entregar a una empresa privada, mediante una concesión, la gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
El movimiento tiene además una particular lectura política. El PSOE de Cepi ha encontrado en Vox el respaldo necesario para avanzar en el cambio de modelo, mientras que PP, Izquierda Unida y Podemos se han situado enfrente. Una distribución de fuerzas que demuestra que, al menos en Asturias, la privatización o externalización de la gestión del agua hace tiempo que dejó de responder exclusivamente a las tradicionales fronteras entre izquierda y derecha.
El Pleno de Siero acordó en diciembre de 2025 determinar como forma de prestación del servicio la gestión indirecta mediante concesión. PSOE y Vox respaldaron la decisión frente al rechazo de PP, IU y Podemos. Cepi justificó la operación fundamentalmente por las enormes necesidades inversoras de las redes municipales, estimadas en alrededor de 65 millones de euros, argumentando que afrontar directamente ese desembolso obligaría al Ayuntamiento a detraer recursos de otras políticas.
El procedimiento continuó avanzando durante 2026. En junio se iniciaron las actuaciones preparatorias de la contratación y este agosto salió a información pública la estructura de costes de la futura concesión. Para elaborarla se solicitaron datos a cinco grandes operadores: Acciona Agua, FCC Aqualia, FACSA, Asturagua y Espina y Delfín.
Pero Siero no entra en territorio desconocido.
El gran precedente asturiano está en Oviedo. En 1996, el gobierno del PP de Gabino de Lorenzo externalizó el abastecimiento, saneamiento y depuración mediante una concesión de 50 años prorrogables. La adjudicación recayó en la UTE formada por Seragua y FCC, precedente de la actual Aqualia, por un canon de 3.000 millones de pesetas, aproximadamente 18 millones de euros. Tres décadas después, aquella decisión continúa determinando quién gestiona el agua de la capital y el plazo original alcanza aproximadamente hasta 2046.
La gestión privada, sin embargo, tampoco ha sido ajena al PSOE asturiano.
En Langreo, gobernando la socialista Esther Díaz, se seleccionó en 2005 a Aqualia como socio privado de una empresa mixta. La compañía desembolsó un canon superior a 9,1 millones de euros por un contrato de 25 años. El Ayuntamiento conserva el 51% de Aguas de Langreo y Aqualia el 49%.
Otro precedente importante apareció en Avilés. Durante el mandato de la socialista Pilar Varela se constituyó en 2009 Aguas de Avilés, una sociedad de economía mixta en la que entró Asturagua para gestionar el ciclo integral.
También Llanera, entonces bajo gobierno socialista, adjudicó en 2006 a Aqualia durante 25 años la gestión integral del abastecimiento y saneamiento. El argumento utilizado entonces recuerda inevitablemente al debate actual de Siero: el Ayuntamiento sostenía que el servicio municipal resultaba deficitario y necesitaba inversiones.
La gestión indirecta se ha extendido igualmente a otros concejos asturianos. Lena cuenta desde hace años con Aqualia en la gestión del servicio, mientras que Castrillón recurrió igualmente a esta compañía para el abastecimiento y saneamiento. En Llanes, Asturagua gestiona actualmente servicios vinculados al tratamiento y suministro municipal, aunque el origen y evolución contractual de este último caso requiere diferenciar entre la adjudicación inicial y posteriores modificaciones o prórrogas.
El mapa resultante desmonta así cualquier división sencilla por siglas. El PP privatizó el agua de Oviedo; gobiernos del PSOE abrieron la gestión a operadores privados en Langreo, Avilés o Llanera; y ahora el socialista Cepi quiere hacerlo en Siero con el respaldo de Vox mientras el PP se opone.
IU ha llevado incluso el procedimiento sierense ante la justicia y cuestiona, apoyándose en un informe pericial, que esté suficientemente demostrado que la concesión resulte económicamente más eficiente que mantener una gestión directa.
Ahí reside precisamente la dimensión de la decisión de Cepi. La experiencia de Oviedo demuestra que estas operaciones sobreviven ampliamente a quienes las firman. Gabino de Lorenzo dejó la Alcaldía en 2012, pero la concesión aprobada en 1996 continúa vigente en 2026.
Cepi plantea ahora el cambio como la fórmula para afrontar las millonarias inversiones que necesita Siero. Sus adversarios consideran que existen alternativas públicas. Lo que decida actualmente el alcalde socialista puede, como ocurrió en Oviedo, seguir determinando quién gestiona el agua de los sierenses mucho después de que Cepi haya abandonado el Ayuntamiento.
Las críticas de Podemos han elevado además el tono del debate. La formación acusa a Cepi de presentar como solución a los problemas de abastecimiento una concesión que acabará generando un negocio millonario para sociedades privadas y le responsabiliza de no haber afrontado antes las inversiones necesarias en depósitos y canalizaciones pese a las advertencias sobre el crecimiento del concejo. Durante el último enfrentamiento plenario, Podemos puso como ejemplo Avilés, donde aseguró que, tras apostar por un modelo con participación privada, se plantea ahora una subida del servicio del agua superior al 58%. Cepi respondió defendiendo la urgencia de actuar ante los problemas de abastecimiento y llevó la discusión al terreno electoral: «En mayo de 2027 hay elecciones y voy a volver a ganar por mayoría absoluta», espetó a su interlocutor.
