El colectivo alerta de los riesgos de la concesión a 30 años y reclama una consulta ciudadana antes de cualquier decisión
La plataforma ciudadana Siero por el Agua ha vuelto a elevar el tono contra el proyecto de privatización del servicio municipal de abastecimiento y alcantarillado y ha advertido al equipo de gobierno del PSOE de Siero de los riesgos que, a su juicio, implica entregar su gestión a una empresa privada durante 30 años. El colectivo pone ahora el foco en la situación del servicio de agua en Avilés, donde la empresa concesionaria ha presentado una reclamación millonaria contra el Ayuntamiento, un caso que, según denuncian, evidencia las consecuencias de externalizar la gestión de un servicio esencial.
En este sentido, la plataforma considera que este tipo de conflictos no son puntuales, sino que reflejan un problema estructural cuando la gestión del agua se somete a intereses privados. “Cuando la gestión queda en manos de empresas, las administraciones acaban condicionadas y pierden margen para defender el interés general”, señalan, advirtiendo de que la privatización no supone únicamente ceder un servicio, sino también perder capacidad de decisión sobre un recurso estratégico. El colectivo insiste en que este modelo puede acabar generando costes económicos importantes para las arcas públicas a medio y largo plazo, al tiempo que recuerda que las empresas actúan, como es lógico, en defensa de sus propios intereses y beneficios, mientras que los ayuntamientos deben responder al interés colectivo.
En paralelo, Siero por el Agua reclama al gobierno local del PSOE que dé marcha atrás en su intención de avanzar hacia la concesión del servicio durante tres décadas y exige que se paralice cualquier paso adicional en ese proceso. La plataforma vuelve además a poner sobre la mesa la consulta popular que ya ha solicitado en el Ayuntamiento, respaldada -según sus datos- por más de 10.800 firmas, una cifra que, aseguran, supera el umbral exigido por la normativa municipal de participación ciudadana. Así, sostienen que la ciudadanía debe ser quien decida sobre el modelo de gestión del agua antes de que se adopte una decisión que comprometa el servicio durante décadas. En este sentido, insisten en que no se trata solo de una cuestión técnica o administrativa, sino de una decisión de carácter político con impacto directo en un servicio básico.
