Sedes pasará a control público por «un euro», el precio simbólico por el que el Principado comprará su parte a Unicaja

El Gobierno autonómico adquirirá el 40% de las acciones, hasta ahora en manos de la entidad, para evitar la quiebra de la constructora y permitir que afronte sus compromisos en veintidós años; a cambio, el banco asumirá el 40% de la deuda con terceros, que supera los 3,1 millones

Una lata de refresco en un supermercado, un paquete de pasta -de marca ‘blanca’, eso sí-, un brik de leche, un bolígrafo básico… A primera vista, un euro no parece una cantidad que dé para adquirir ni demasiados bienes, ni demasiado valiosos. Sin embargo, es el importe que bastará para que Sedes, SA, la constructora y promotora público-privada de Asturias, pase íntegramente a control público. Sí, damas y caballeros, sí… Un euros. Y es que, según afirmó este martes el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, a cambio de tal cuantía el Gobierno del Principado adquirirá la parte del accionariado todavía hoy en poder de Unicaja, SA, y que equivale a un 40% del total. A su vez, la entidad bancaria asumirá el 40% de la deuda a proveedores en el momento de la venta, que rebasa los 3,1 millones de euros, y queda fuera del pago del crédito solicitado en 2025 para tratar de tapar el ‘agujero’ económico en que se había convertido Sedes. Paralelamente, ambos actores ya negocian la reestructuración de esos créditos pendientes, para que la constructora pueda hacer frente a sus compromisos en un horizonte de veintidós años.

«Es una cifra a la que la Administración autonómica puede hacer frente», ironizó ayer el propio Zapico, defendiéndose de las críticas vertidas en la Junta General por José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP. Claro, que lo que hay de fondo es algo más serio, alejado de tales frivolidades dialécticas; no en vano, en el centro del debate está la supervivencia de Sedes, empresa que, desde el estallido de la ‘crisis del ladrillo’ de 2008, no fue capaz de remontar y de adaptarse a los varapalos dados por el mercado. En ese sentido, cabe señalar que, en 2013, de sus 119 empleados 47 fueron despedidos, cinco se acogieron a reducciones de jornada, y otros 53 fueron regulados y que, a comienzos del año pasado, su déficit se acercaba a seis millones de euros, cuantía que ha mantenido sus opciones de futuro en el aire. En semejante coyuntura, el Ejecutivo en general, y Zapico en particular, han abogado reiteradamente por la necesidad de convertir la constructora en una sociedad plenamente pública, de modo que pueda servir como un mecanismo auxiliar de Viviendas del Principado, SA (VIPASA), realizando mantenimientos y reparaciones con rapidez allá donde sea preciso, Paralelamente, podría asumir aquellas licitaciones que pueden quedar desiertas, o afrontar proyectos como el de las siete ‘escuelinas’ levantadas recientemente.

«Siempre creí que merecía la pena hacer un esfuerzo para reflotar Sedes, porque puede desempeñar un papel muy importante como instrumento auxiliar de las políticas públicas», acotó ayer el consejero, para quien contar con tales recursos podría marcar la diferencia entre volver a padecer en el futuro una problemática como la que actualmente afecta al mercado de la vivienda, o no. A ese respecto, efectivamente, Zapico concluyó advirtiendo de que, «si contamos con herramientas públicas en materia de vivienda, de gestión de suelo residencial e industrial y de construcción, tenemos mucho avanzado para evitar futuras crisis como la que hoy estamos padeciendo». Así las cosas, se espera que sea «cuestión de semanas» que el expediente de la compra de las acciones de Unicaja llegue a manos del Consejo de Gobierno. A partir de ahí, su tramitación definitiva podría estar completada «no mucho más allá de mediados de julio».