Decenas de vecinos se concentran ante el Ayuntamiento mientras el debate político sobre canteras y licencias evidencia diferencias sobre cómo abordar el conflicto

El rechazo vecinal a la proyectada planta de asfalto en Santa Marina de Piedramuelle volvió a trasladarse este martes al centro del debate político en el Ayuntamiento de Oviedo. Varias decenas de vecinos, convocados por la asociación Ecos de Lluera, se concentraron a las puertas del Consistorio poco antes del inicio del Pleno para mostrar su oposición a la instalación industrial y exigir una revisión del proyecto. La protesta coincidió con el debate en el salón de plenos sobre la necesidad de regular las actividades extractivas en el marco del futuro Plan General de Ordenación. En ese contexto, se planteó la conveniencia de abrir un proceso “abierto, transparente y participativo” que permita definir un modelo territorial “equilibrado, sostenible y consensuado”, incluyendo la posible suspensión temporal de licencias en suelos calificados como industrias extractivas hasta completar la revisión urbanística.
Durante su intervención, el concejal socialista Carlos Fernández Llaneza puso el foco tanto en el caso concreto de la planta como en el contexto general. “No es esta una cuestión menor ni una cuestión aislada”, afirmó, señalando que confluyen “dudas urbanísticas, antecedentes jurídicos relevantes” y “un impacto ambiental que tampoco podemos ignorar”. El edil defendió que el debate debe abordarse con planificación y garantías: “No se trata de un no sin más sino la necesidad, una vez más, de que se hagan las cosas bien”. Llaneza recordó además que parte de las instalaciones actuales se encuentran “en situación fuera de ordenación por sentencia firme” y advirtió de antecedentes como la “extracción ilegal de áridos”, lo que, a su juicio, obliga a extremar el control administrativo. A ello sumó la necesidad de cumplir el plan de restauración ambiental aprobado en 2004 antes de autorizar nuevas actividades.
Más allá del caso concreto, el concejal socialista planteó una reflexión de fondo sobre el modelo territorial: “¿Queremos que [las canteras] evolucionen hacia espacios industriales cada vez más degradados o queremos preservar su carácter esencialmente extractivo limitando la implantación de actividades adicionales?”, preguntó. En esa línea, defendió la suspensión cautelar de licencias como una medida de prudencia para evitar decisiones que condicionen el futuro del planeamiento.
«Se pone muy de la mano de los vecinos, pero no se quiere reunir con nosotros”
Desde el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, evitó posicionarse sobre la planta de asfalto en sí, al señalar que el asunto está en tramitación y con implicaciones jurídicas. “Yo no me voy a pronunciar sobre la cuestión específica de la planta en la medida en que está judicializada”, indicó, considerando que cualquier valoración sería “prematura”. Cuesta sí coincidió en la necesidad de abordar el debate en el marco del nuevo Plan General, recordando que ya se ha previsto un tratamiento específico para las canteras. Según explicó, el objetivo es lograr “ese imprescindible equilibrio entre el mantenimiento de una actividad productiva […] y la salvaguarda absoluta y exquisita de las condiciones medioambientales”.
El edil defendió que el análisis deberá hacerse caso por caso, teniendo en cuenta variables como la afección ambiental, la proximidad a viviendas o la duración de la actividad. También rechazó la suspensión cautelar de licencias planteada por el PSOE, al considerarla una medida “extraordinariamente gravosa” que podría generar “responsabilidades patrimoniales muy importantes” para el Ayuntamiento si no está plenamente justificada.
Mientras tanto, la protesta vecinal trasladó al exterior y al interior del Pleno una preocupación que se mantiene desde hace meses. Los asistentes, que siguieron la sesión desde el público, cuestionaron la interlocución institucional. Según explicaron a este medio, consideran que existe una desconexión entre el discurso político y la relación real con el colectivo, en referencia al edil de Urbanismo: “Se pone muy de la mano de los vecinos, pero no se quiere reunir con nosotros”. Esta percepción contrasta, a juicio de los propios vecinos, con el mensaje expresado durante el debate plenario, donde el equipo de gobierno reiteró su disposición a abordar la cuestión en el proceso de revisión urbanística y con participación pública.