La plataforma Stop Baterías denuncia la instalación de contenedores “cerca de viviendas y explotaciones agroganaderas” y advierte de posibles recursos si la CUOTA da luz verde definitiva al proyecto
La aprobación del parque de baterías proyectado en San Esteban afronta sus últimas fases administrativas mientras crece la contestación social. Este jueves, alrededor de medio centenar de vecinos se concentraron ante el Edificio de Servicios Múltiples del Principado, en Llamaquique, coincidiendo con la reunión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), órgano que debe pronunciarse sobre el encaje urbanístico de los terrenos. La movilización fue convocada bajo el lema “¡No a los parques de baterías!” tras el anuncio del Principado de dar luz verde al proyecto, pendiente únicamente de esa votación final. La iniciativa contempla 72 contenedores de almacenamiento energético, tres plantas de 15 MW -45 MW en total- y estaciones de potencia de 5.500 kVA junto a centros de transformación de 630 kVA.
Carlos Mañes, integrante de Stop Baterías y uno de los participantes en la concentración, valoró positivamente la respuesta vecinal. El objetivo, explica, es “que quede claro el rechazo de la ciudadanía a que instalen contenedores de baterías cerca de viviendas y de explotaciones agroganaderas”. En el caso concreto del proyecto promovido por la empresa Atlántica en la zona de Los Arenales, Mañes denuncia lo que considera “todo tipo de trapacerías”. Según defiende, se trata de una parcela que en parte fue utilizada hace tiempo para extracción de arcillas, pero que en la actualidad “se dedica los 365 días del año a la explotación agroganadera, donde pasa el ganado y está en uso”. Por tanto, conforme al SIGPAC, tiene calificación de suelo de pasto.
Sin embargo, según sostienen los vecinos, la empresa habría cercado con alambre unos 20.000 metros cuadrados, en la zona más próxima a la subestación, “espantando al ganado”, y presentando posteriormente un informe pericial «de parte» defendiendo que esos terrenos deberían acogerse a la excepción prevista en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 5 de septiembre para suelos degradados o antiguas explotaciones mineras. Para Mañes, Medio Ambiente “ha asumido los postulados de la empresa y le ha dado el pase al informe de impacto ambiental”. La votación de la CUOTA será clave porque en este aspecto tiene capacidad para decir si esos terrenos son degradados o si se ajustan a lo que contempla el acuerdo.
Posibles recursos y “patrón” de actuaciones
Preguntado por los siguientes pasos en caso de que el proyecto salga adelante, Mañes evita darlo por perdido, pero asegura que están observando un “patrón” en distintas zonas de Asturias: “El Gobierno del Principado nos está abocando a los contenciosos administrativos contra las resoluciones que toman”. Citó como ejemplos proyectos en Siero -en Argüelles- o en Grado, donde, según recuerda, se han autorizado instalaciones en suelos no urbanizables próximas a viviendas, rechazando las reclamaciones previas: “Afortunadamente el clamor de la ciudadanía va en aumento y es un clamor transversal”.
Por otra parte, cita que el propio Servicio de Evaluaciones Ambientales del Principado ha reconocido por escrito que las baterías conllevan riesgos de fuego, explosión y emisión de humos tóxicos que pueden ser peligrosos para la salud. Además, los informes de impacto ambiental son «cada vez más exigentes en medidas correctoras y paliativas», por ello denuncia que el Gobierno del Principado está cayendo en contradicciones. Para la plataforma, el trasfondo del conflicto es la ausencia de una regulación específica. “Ahora mismo no tenemos nada, únicamente existe una suspensión de autorizaciones en suelo no urbanizable, pero no hay directrices sectoriales, zonas de exclusión ni un catálogo de suelos degradados».
A su juicio, se está siguiendo una “política de hechos consumados”, y alerta de que ya hay diez proyectos con autorización de construcción en Asturias y que, si se consolidan, será difícil revertirlos: “Que nos encontremos con estos armatostes pegados a las viviendas y luego a ver quién les mete la piqueta. Ese es el problema”.
