La Plataforma pone en su punto de mira al concejal Nacho Cuesta, que podría haber incurrido «en un posible delito de prevaricación» por negarse a permitir una investigación arqueológica preliminar
En casi cualquier ciudad el hallazgo de un potencial filón arqueológico, más allá de las molestias que pueda entrañar su recuperación, debería ser motivo de júbilo. Al fin y al cabo, no deja de ser una forma de acercarse a ese pasado que, por lejano que sea, contribuye a construir el presente… Sin embargo, la posible aparición de restos del palacio del rey astur Alfonso II ‘el Casto’ (760-842) en el conjunto patrimonial de La Vega ha desatado una auténtica tormenta política en Oviedo. Y ayer domingo la Plataforma ‘Salvemos La Vega’ se sumaba a ella al denunciar que el Ayuntamiento habría ocultado un informe técnico que apuntaría a la posible existencia de tales restos, lo que constituiría un descubrimiento de «gran relevancia histórica». Una acusación grave que tiene un nombre propio en el punto de mira: Nacho Cuesta, concejal de Planeamiento, Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, quien, a juicio del colectivo, se habría negado a permitir una investigación preliminar para confirmar la existencia de ese patrimonio. De ser así, podría haber incurrido en un delito de daños en bienes de valor histórico e, incluso, en otro de prevaricación.
La ubicación de los restos es abono para la polémica, al encontrarse localizados en el entorno de la denominada Nave de Cañones; precisamente la misma zona en la que las tres Administraciones implicadas -el Consistorio, el Principado y el Estado- pretenden construir una carretera que, una vez terminada, fragmentaría la unidad del conjunto patrimonial. De ahí que desde la Plataforma se reclame la paralización de todo avance en términos de construcción, y se proceda a realizar «inmediatamente» estudios y excavaciones arqueológicas para delimitar con precisión el área que podría ocupar el palacio del monarca. En ese sentido, también se solicita suprimir el vial incluido en el Convenio de La Vega, que pretende desviar el tráfico actualmente situado en las inmediaciones de Santuyano, ya que «comprometería la integridad del espacio histórico». Todo ello, a fin de poner coto a una conducta, la del Gobierno local, que en ‘Salvemos La Vega’ creen caracterizada por «una falta de rigor»; máxime a tenor de que sigue sin incorporarse la tasación del bien inmueble, «una obligación que las Administraciones evitan alegando que se trata de un convenio urbanístico, y no patrimonial».
