En esa mina no falló un hombre ni una máquina: falló un sistema que prefirió mirar hacia otro lado
Asturias no tropieza: insiste. Cerredo no fue un accidente, sino la demostración de que el poder político y técnico aprendió a convivir con la ilegalidad mientras recitaba el discurso de la “transición justa”. En esa mina no falló un hombre ni una máquina: falló un sistema que prefirió mirar hacia otro lado.
En 2023, la entonces consejera Nieves Roqueñí prohibió tajantemente la extracción de carbón. Un año después, la misma firma autorizaba una “prueba industrial” de sesenta mil toneladas. Entre ambas decisiones no cambió la geología ni la normativa: cambió la voluntad política. Se pasó de la prohibición al permiso sin que mediara una auditoría ni una corrección técnica. El resultado fue una reapertura encubierta que devolvió a Asturias al viejo modelo de los parches y los silencios.
Cuando Belarmina heredó el cargo, la mina ya estaba operativa. Tenía sobre la mesa los avisos de los inspectores, los informes de irregularidades y los precedentes del accidente de 2022. Aun así, no frenó la actividad. El 31 de marzo de 2025, cinco trabajadores murieron en una explosión que todo el mundo temía y nadie quiso evitar. Dos semanas después, la consejera dimitió. La responsabilidad política, sin embargo, sigue sin nombre.
Entre tanto, la dirección general de Energía y Minería, bajo Fernando Berjano, reconocía su “perplejidad” ante la falta de coordinación entre técnicos y jueces. No es una palabra menor: es la confesión más honesta que un alto cargo haya hecho en este caso. Perplejidad significa que se sabía, que se veía y que nadie quiso actuar.
El presidente Adrián Barbón tampoco ordenó una investigación interna ni una revisión de los permisos. Mantuvo el relato de la transición ecológica mientras en el suroccidente se explotaban minas bajo licencias de “investigación” que eran, en realidad, licencias para sobrevivir políticamente. La “transición justa” se convirtió en una coartada injusta.
Hoy, Cerredo es un símbolo de lo que ocurre cuando la administración se convierte en su propia coartada. Las inspecciones se dilatan, los informes se esconden, las responsabilidades se reparten y el silencio se institucionaliza. Los sindicatos hablan de “minería de los sesenta” y los técnicos de “actividades no autorizadas”, pero el resultado es el mismo: nadie responde, todos firman.
Asturias ha hecho del carbón una parábola. Ya no es un recurso: es una metáfora. El mineral que antes ardía en los hornos ahora arde en los despachos, en los correos sin contestar, en los pliegos que nadie lee. Cerredo no es un agujero en la montaña, es un espejo: el reflejo de un poder que ha aprendido a sobrevivir entre la omisión y la propaganda.
Porque en Cerredo hubo alertas, hubo nombres, hubo informes. Lo único que no hubo fue voluntad. Y cuando el Estado elige la perplejidad como estrategia, el accidente ya no es una tragedia: es una política pública.
Tres preguntas que siguen sin respuesta:
A Nieves Roqueñí: ¿Qué cambió entre la prohibición de 2023 y el permiso de 2024: la ley o su criterio?
A Belarmina Díaz: ¿Por qué mantuvo la actividad sabiendo lo que había pasado?
A Adrián Barbón: ¿Por qué no ordenó una auditoría después de seis muertos en tres años?
