Casi la mitad de las direcciones ofertadas para el próximo curso han quedado desiertas y el sindicato ANPE alerta de un problema «estructural» marcado por la burocracia, la responsabilidad y la falta de reconocimiento
Dirigir un colegio público en Asturias es una responsabilidad que cada vez menos docentes están dispuestos a asumir. La última convocatoria para cubrir las direcciones de centros educativos y equipos de orientación vuelve a poner cifras a una tendencia que los sindicatos llevan años denunciando: casi la mitad de las plazas ofertadas para el próximo curso han quedado vacantes. La Resolución publicada esta semana en el BOPA, que pone fin al proceso de selección iniciado en marzo, deja un dato que preocupa a ANPE Asturias. De los 93 centros educativos que buscaban director o directora para el curso 2026-2027, 45 no han encontrado ninguna candidatura con un proyecto directivo aprobado. En otras palabras, el 48,39% de las vacantes han quedado desiertas y esos centros tendrán que recurrir, una vez más, a nombramientos extraordinarios.
La cifra definitiva empeora incluso los datos provisionales que manejaba la organización sindical. Para ANPE, el resultado confirma «la gravedad de un problema estructural que afecta directamente al funcionamiento del sistema educativo público en Asturias» y evidencia el escaso atractivo que tienen actualmente los puestos de dirección. Pero, ¿por qué nadie quiere asumir ese cargo? La respuesta, según el sindicato, está en una combinación de factores que se repite desde hace años: «La creciente carga burocrática, la elevada responsabilidad y la falta de reconocimiento, tanto administrativo como económico, para quienes asumen estas funciones«.
La presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, trasladaba esta preocupación a la consejera de Educación, Eva Ledo, en una reunión reciente en la que insistía en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los equipos directivos. Así, junto a una revisión de las condiciones laborales y retributivas, ANPE reclama una reducción de la carga burocrática y de las horas lectivas asociadas al cargo, incentivos económicos acordes con la responsabilidad que conlleva la dirección, una mayor dotación de recursos y apoyo administrativo, así como un reconocimiento «real y efectivo» de la función directiva como una pieza clave para la mejora del sistema educativo.
El sindicato también considera prioritario desarrollar en Asturias la Ley de Autoridad Docente con medidas concretas que refuercen la protección jurídica y el respaldo institucional al profesorado y a los equipos directivos. A su juicio, disponer de «un marco claro de autoridad y reconocimiento» contribuiría tanto a mejorar el clima en los centros como a hacer más atractivos unos puestos que cada vez encuentran menos candidatos. Entre sus reivindicaciones figura además que todos los equipos directivos estén integrados, al menos, por una dirección y una secretaría, con el objetivo de repartir la carga organizativa y facilitar la gestión diaria de los centros.
