La Coordinadora Ecologista anima a los vecinos de los barrios de Fitoria, Pontón de Vaqueros y La Corredoria a presentar alegaciones al proyecto
La Coordinadora Ecologista de Asturias ha anunciado que presentará alegaciones contra la instalación de cuatro parques de baterías en una zona no urbanizable de La Corredoria, en Oviedo. Según la organización, la ubicación prevista se encuentra a menos de 150 metros de viviendas y de instalaciones deportivas, lo que consideran que podría afectar a la calidad de vida de los residentes. En una nota de prensa difundida este martes, la entidad ecologista ha animado también a los vecinos de los barrios de Fitoria, Pontón de Vaqueros y La Corredoria a presentar alegaciones al proyecto.
Entre sus principales preocupaciones figura la escasa distancia entre las instalaciones de almacenamiento energético y las viviendas, así como los posibles efectos derivados de la proximidad, como la contaminación electromagnética, tanto para las personas como para la fauna del entorno. La Coordinadora critica además la falta de transparencia en el desarrollo de estos proyectos. Según indican, aunque el Gobierno del Principado de Asturias ha reconocido que existen 170 iniciativas relacionadas con parques de baterías presentadas en la región, solo se ha dado a conocer información sobre 75 de ellas.
Los ecologistas han señalado que los parques proyectados en Asturias presentan una gran diversidad en cuanto a su tamaño, desde instalaciones con un solo contenedor de almacenamiento hasta complejos con más de 300 unidades. De acuerdo con sus datos, actualmente hay propuestas para instalar este tipo de parques en varios concejos, incluyendo once en Oviedo, siete en Gijón, cuatro en Siero y Mieres, y otros en municipios como Llanera, Avilés, Corvera, Lena, Villaviciosa, y Ribadesella, entre otros.
Finalmente, advierten de que muchas de estas instalaciones están siendo proyectadas sobre suelo agrícola, lo que, según la organización, contribuye a alterar la coherencia visual del paisaje rural. Asimismo, lamentan que el Gobierno asturiano no haya adoptado medidas para regular lo que califican como una “invasión” de este tipo de infraestructuras.
