La sección sindical de La Clase Trabayadora (LCT) en el organismo afea a las Administraciones estar incumpliendo los acuerdos alcanzados tras las protestas de 2023, y advierte de nuevas movilizaciones, a la vista de que «está en juego la seguridad» de la región

Verano suele ser una estación agitada para los distintos cuerpos de bomberos que operan en Asturias. Y tiene sentido, desde luego. Altas temperaturas, campos y bosques resecos, viviendas vacías, grandes concentraciones humanas… Claro, que si a eso le añadimos cierto malestar por las condiciones en las que el trabajo se desarrolla, la realidad se vuelve sensiblemente menos tolerable. Un empeoramiento que es el que, esta semana, ha denunciado la sección sindical de la organización La Clase Trabayadora (LCT) en el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). Sus responsables han afeado a las Administraciones autonómicas -tanto al propio SEPA como al Gobierno asturiano- que ni el incremento de las plantillas en los distintos parques, ni los aumentos salariales, se están cumpliendo, pese a ser dos compromisos suscritos en el acuerdo que puso fin a la huelga de 2023. Y advierten: como los responsables no tomen medidas, y pronto, se retomará el calendario de movilizaciones.
«Estos incumplimientos sitúan los parques en condiciones de riesgo grave a las puertas de la campaña de verano», alertan desde LCT, poniendo el foco, sobremanera, en el primero de ambos compromisos. Tal como recuerdan los portavoces sindicales, el 6 de mayo de 2026, en el documento que puso fin a aquella huelga, el director general de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez, junto con la consejera de Presidencia, Rita Camblor, y la Dirección del SEPA acordaron que, a 1 de enero de 2026, todas las estaciones de Bomberos del Principado contarían con un mínimo de cuatro profesionales por turno. Siete meses después, a día de hoy, «el compromiso sigue sin cumplirse; hay parques que continúan operando por debajo de ese mínimo, obligando a los profesionales a asumir riesgos que el propio Gobierno reconoció como inaceptables cuando firmó ese acuerdo». A ello se suma el asunto de la subida salarial, acordado el 17 de noviembre de 2025, pendiente solo de la forma de la Gerencia del SEPA… Y, aún hoy, a la espera de que esa rúbrica llegue. El resultado es que los bomberos «cobran menos de lo acordado, mientras el Gobierno gestiona sus compromisos como si fueran sugerencias».
Así las cosas, y seguros de que el acuerdo logrado en 2023 «no era una declaración de intenciones; era un compromiso jurídico asumido por altos cargos» del Ejecutivo autonómico, la sección sindical del SEPA está más que dispuesta a volver a las calles. Y es que, insisten, «su incumplimiento no es un retraso administrativo; es una decisión política con consecuencias reales sobre la seguridad de los intervinientes y de la ciudadanía asturiana, porque en cada guardia que se cubre por debajo de los cuatro efectivos pactados el riesgo que el propio Gobierno se comprometió a eliminar sigue presente». Y en LCT lo tienen meridianamente claro: la responsabilidad no es, ni por asomo, de los bomberos, ni tampoco de los sindicatos, sino, «exclusivamente, de quienes firmaron ese acuerdo y no lo han ejecutado; están en juego nuestra propia seguridad, y la de Asturias».
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