Fiscalía acusa a la pareja, afincada en Quirós, de someter a ocho víctimas, seis mujeres y dos hombres, a jornadas extenuantes, salarios irrisorios y prostitución forzada, aprovechando su situación de vulnerabilidad
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado penas de 107 y 83 años de prisión, respectivamente, para un matrimonio colombiano acusado de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual en Asturias. Según el Ministerio Fiscal, los acusados se aprovechaban de la vulnerabilidad de sus víctimas –seis mujeres y dos hombres–, muchas con “importantes necesidades económicas” o perseguidas por la guerrilla en su país de origen, para traerlas al Principado y someterlas a “jornadas interminables con sueldos ínfimos”, controlando sus movimientos o ejerciendo prostitución sobre ellas.
El escrito de conclusiones provisionales se presentó ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lena. Entre 2022 y 2024, los acusados, domiciliados en Quirós, contactaron con personas en situación de necesidad económica y les ofrecieron trabajo en España, incluyendo vivienda, como aparente oportunidad laboral. A las víctimas mujeres se les prometió trabajo en una lavandería propiedad de la acusada y tareas de limpieza en domicilios, casas rurales, oficinas y hoteles. Sin embargo, se les pagaba salarios muy por debajo de lo legal, con jornadas extensas y sin contrato. Además, los acusados les ofrecían adelantos para el viaje y gastos que luego eran descontados de sus salarios mediante un sistema de deuda creciente y opaco, manteniéndolas en una situación de dependencia económica.
En varios casos, la acusada llegó a ofrecer a algunas mujeres ejercer la prostitución bajo su control directo, gestionando clientes, cobros y transporte, de modo que las ganancias para las víctimas eran “insignificantes”. A los hombres se les ofrecía trabajo en construcción o jardinería, también en condiciones abusivas. El control sobre las víctimas incluía amenazas de expulsión, violencia e intimidación verbal. En uno de los casos, una víctima embarazada fue obligada a seguir instrucciones sobre su embarazo y su relación con el padre del bebé, mientras trabajaba hasta 13 horas diarias por salarios que oscilaban entre 20 y 50 euros mensuales, tras descuentos impuestos por la acusada. Fiscalía acusa al matrimonio de ocho delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación laboral y/o sexual, en concurso con un delito de prostitución coactiva, y otro delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
