La Fiscalía solicita además cinco años sin carné y reclama indemnizaciones superiores a 83.000 euros por el siniestro ocurrido en enero de 2025 en la zona de Padre Vinjoy
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de un año y nueve meses de prisión para el conductor acusado de arrollar a tres menores en Oviedo tras perder el control de su vehículo e invadir la acera en enero de 2025. El Ministerio Público reclama también cinco años de privación del derecho a conducir y el pago de indemnizaciones a las víctimas por las lesiones sufridas. Según el escrito de conclusiones provisionales presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, los hechos se remontan a las 08.12 horas del 24 de enero de 2025. La acusación sostiene que el investigado circulaba por la calle Hermanos Pidal a una velocidad “notoriamente superior” a la permitida y sin adaptar la conducción a las circunstancias de la vía.
Siempre según la versión de la Fiscalía, al aproximarse a la intersección con la calle Padre Vinjoy, el semáforo había entrado en fase ámbar cinco segundos antes, pero el conductor mantuvo la marcha sin efectuar maniobra alguna de frenado. A continuación, añade el Ministerio Público, realizó el giro a una velocidad incompatible con la seguridad vial, lo que provocó el subviraje del turismo y la posterior pérdida de control. El vehículo acabó subiéndose a la acera, donde varios peatones tuvieron que apartarse para evitar ser alcanzados.
Finalmente, el coche impactó contra tres menores de edad, que resultaron heridas de consideración. La Fiscalía indica que una de ellas tardó 277 días en curar, otra 376 y la tercera 91 días, todas con secuelas posteriores. Por estos hechos, la acusación pública aprecia un delito de conducción temeraria en concurso con tres delitos de lesiones por imprudencia grave, tipificados en el Código Penal. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide la retirada del permiso de conducir durante cinco años. Al superar los dos años de privación, esta medida implicaría también la pérdida de la autorización administrativa para conducir, conforme a la legislación vigente.
En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice a las tres menores con 42.092,75 euros, 36.468,85 euros y 4.915,41 euros, respectivamente. También reclama que se abonen al SESPA los gastos sanitarios derivados de la atención prestada, una cuantía que se fijaría en ejecución de sentencia. La Fiscalía añade que de esas cantidades responderá directamente la compañía aseguradora, mientras que el acusado lo haría de forma conjunta y solidaria dentro de los límites establecidos por el seguro obligatorio.
El procedimiento se encuentra ahora pendiente de señalamiento judicial para la celebración del juicio, en el que deberán examinarse los hechos y las responsabilidades penales y civiles derivadas del atropello.
