Lo habría enterrado, ayudado por su hermano, en el huerto, donde fue encontrado el cuerpo el pasado mes de mayo
El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de 20 años de prisión para el joven acusado de asesinar a su tío político en una finca del municipio de Siero. El cadáver fue hallado mes y medio después de los hechos, oculto bajo tierra y envuelto en bolsas de plástico, en el jardín de la vivienda del principal sospechoso, ubicada en la parroquia de Granda. La víctima, J. J. P. C., colombiano de 52 años, se había instalado en Asturias en julio de 2023 para trabajar en una empresa de limpieza. Compartía empleo con el acusado, sobrino político suyo, así como con otros miembros de la familia, entre ellos un hermano y un primo del presunto homicida. El entorno laboral había propiciado una relación de confianza, con reuniones ocasionales tras la jornada para compartir cervezas.
Fue precisamente en una de esas reuniones, el 25 de marzo de 2024, cuando se produjo el crimen, según recoge el relato provisional del Ministerio Fiscal. Tras pasar la tarde bebiendo juntos, el acusado y su tío político acudieron al domicilio del primero. Allí, tras una videollamada del fallecido con su pareja, surgió una discusión que desembocó, supuestamente, en un ataque repentino con arma blanca. La Fiscalía sostiene que el ataque fue sorpresivo, dirigido principalmente al cuello, y con la intención clara de matar. Las heridas mortales no mostraban señales de defensa, lo que indicaría que la víctima no tuvo oportunidad de resistirse.
Una hora más tarde, el acusado llamó a su hermano, quien acudió al domicilio. Entre ambos, según la acusación, planearon ocultar el cadáver para evitar su hallazgo. Lo envolvieron en bolsas de plástico unidas con cinta americana, cavaron un hoyo en el huerto y enterraron el cuerpo. También se deshicieron del móvil del fallecido, limpiaron la escena y eliminaron pruebas digitales. La desaparición de J. J. P. C. fue denunciada el 26 de marzo por la pareja sentimental de su cuñado. Las primeras declaraciones de los investigados fueron confusas. Uno de ellos, el hermano del principal acusado, acudió a la Policía semanas después, ofreciendo una versión inicial que luego cambiaría. También el primo, que tuvo conocimiento de la muerte a través de una llamada la noche del crimen, ocultó su implicación en los primeros momentos de la investigación.
El hallazgo del cuerpo no se produjo hasta el 8 de mayo, tras la autorización judicial para registrar la finca. El cadáver fue localizado cerca de una zona de compostaje, en avanzado estado de conservación por el ambiente húmedo y la falta de oxígeno provocada por las bolsas de plástico. La Fiscalía imputa al principal acusado un delito de asesinato y solicita para él, además de los 20 años de prisión, cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la pena. Para el hermano se propone la exención de responsabilidad penal por tratarse de un familiar directo, al aplicarse la llamada “excusa absolutoria” del artículo 454 del Código Penal. Para el primo, se solicita una pena de tres años de cárcel, sustituible por la expulsión del territorio español durante cinco años.
El caso se encuentra ahora a la espera de la apertura del juicio oral, una vez finalizada la fase de instrucción. La defensa aún no ha presentado sus alegaciones definitivas.
