El lanzamiento previsto para este martes en una vivienda protegida de La Corredoria queda suspendido durante un mes tras la intervención del Sindicato de Inquilinas
La familia formada por Crusmery y sus dos hijos menores no será finalmente desahuciada este martes de la vivienda en la que residen en La Corredoria. El lanzamiento, previsto para este martes, ha quedado paralizado temporalmente durante un mes. La suspensión llega después de las movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, que había alertado de que la mujer, de 26 años, podría quedarse en la calle junto a sus hijos de 8 y 12 años si el procedimiento seguía adelante.
Según ha explicado a este medio el sindicato, la paralización se ha logrado aplicando el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una herramienta jurídica que permite suspender temporalmente el desahucio en determinadas circunstancias. El caso presentaba además una situación particular. De acuerdo con el relato del colectivo, la familia no figuraba como titular del contrato original de la vivienda. El piso habría sido subarrendado por la persona que sí aparecía como arrendataria formal. Aun así, la mujer asegura que pagaba regularmente el alquiler mediante transferencias digitales (Bizum) al supuesto arrendatario. Esa circunstancia derivó en una demanda de desahucio dirigida contra esa persona, pero con consecuencias directas para la familia que vive en el inmueble.
El sindicato sostiene que su objetivo ahora es lograr una solución definitiva: “Ahora vamos a por la paralización definitiva y la subrogación del contrato sin asumir la deuda del arrendatario que subarrendó”. La vivienda forma parte del parque de protección oficial y está gestionada por una empresa vinculada al grupo Visoren. AVN (Arboleya Visoren Norte) condicionó la subrogación de la vivienda a que C. N. asumiera la deuda que pesa sobre esta, fórmula que rechaza el Sindicato. El sindicato reclama que se permita a la familia continuar en el inmueble y que se eviten nuevos procedimientos de desahucio en vivienda pública sin alternativa habitacional. Por el momento, la suspensión concede un margen de un mes para buscar una salida al conflicto.
