«El acceso a los tratamientos oncológicos no puede estar condicionado por criterios económicos», apuntan desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) sobre las presuntas prácticas de Atrys Health-Bienzobas, empresa que asesora a aseguradoras en cuestiones médicas
El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) muestra su preocupación «ante las recientes denuncias de oncólogos sobre las presiones que están recibiendo para restringir el acceso de los pacientes a determinados tratamientos en el ámbito de la sanidad privada». Se refiere a las denuncias de profesionales recogidas por el diario ‘ABC’ sobre las presuntas prácticas de Atrys Health-Bienzobas, empresa intermediaria que asesora en cuestiones médicas a aseguradoras, para evitar prescribir tratamientos y fármacos caros que sí cubriría la sanidad pública. La firma lo niega, pero estos profesionales presentan decenas de informes de los años 2023 y 2024.
«Los pacientes con cáncer no podemos ser moneda de cambio en estrategias comerciales ni ver condicionado su tratamiento por decisiones ajenas a la medicina», afirma la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, quien, apoyando la posición de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), alerta de que «existe una falta de transparencia en los procesos de autorización de fármacos, donde la decisión final no siempre está en manos del oncólogo que trata al paciente, sino de asesores externos y aseguradoras, cuyos criterios parecen estar guiados más por la rentabilidad que por la evidencia científica», lo que considera «inadmisible». En concreto, SEOM apuntó ayer en un comunicado que «la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente quienes, en ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias (europeas y españolas) y aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad. Es por ello que estos hechos han saltado al dominio público», y se compromete a seguir «trabajando para recopilar toda la información disponible, analizarla y poner todo el esfuerzo y recursos en la salvaguarda de los facultativos oncólogos, en su libertad de prescripción basada en las mejores evidencias y guías, así como en los derechos de los pacientes a recibir el mejor tratamiento».
«El cáncer debe ser tratado como una cuestión de Estado, con un compromiso firme de todas las administraciones, aseguradoras y entidades sanitarias para garantizar que cada paciente reciba el tratamiento que necesita, sin restricciones económicas ni trabas burocráticas. No aceptamos que la salud de las personas dependa de factores ajenos a la oncología», asegura Barragán. Por eso, desde el colectivo que presiden exigen que «se garantice la libertad de prescripción de los oncólogos, sin interferencias externas; se asegure total transparencia en los procesos de autorización de tratamientos en la sanidad privada; y se blinden los derechos de los pacientes a acceder a los tratamientos aprobados por las agencias reguladoras y recomendados en las guías clínicas».
