Desde la Dirección General de Consumo afirman «estar sorprendidos» ante esta solicitud y manifiestan que «no tenemos muy claro si lo que pretenden es rescatar a los asturianos o rescatar la empresa privada que gestiona esta autopista»
La propuesta de sanción de 1,1 millones de euros de la Dirección General de Consumo a AUCALSA, empresa concesionaria de la autopista del Huerna, por mantener los precios del peaje pese a las obras existentes en la vía que provocan afecciones a la circulación, abre una nueva batalla dentro de la guerra abierta entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por esta infraestructura. El departamento de Óscar Puente ha solicitado personarse «como parte y persona interesada» en el expediente sancionador y la reacción desde Consumo ha sido de malestar. «Estamos sorprendidos», confesaba ayer Beatriz González Prieto, viceconsejera de Derecho Ciudadanos.
«Está la paradoja de que no tenemos muy claro si lo que pretenden es rescatar a los asturianos o rescatar la empresa privada que gestiona esta autopista», apunta la responsable de la viceconsejería gestionada por Convocatoria por Asturies (IU-Más País-IAS), que también hace referencia a «la falta de coordinación política entre administraciones que incrementa, si cabe más aún, la sorpresa». Ahora, explicó, Consumo estudiará «esta personación del ministerio, siempre bajo un criterio ajustado a derecho». Asturias tiene un plazo de tres meses, ampliable a seis, para responder a la solicitud.
