La reforma propuesta supondría que el personal fijo sin la titulación requerida pasaría a una categoría a extinguir, lo que limitaría su movilidad y promoción interna
Representantes del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, junto a trabajadores del sector, volvieron a manifestarse este miércoles en Oviedo para expresar su rechazo al actual proceso de funcionarización impulsado por el Principado. Demandan una modificación en la Ley de Empleo Público que permita la creación de un cuerpo de intervención socioeducativa abierto a diversas titulaciones, en lugar de exigir exclusivamente el título de Educador Social.
La protesta surge en respuesta a la posición de la Consejería, que defiende la necesidad de establecer la titulación específica de Educador Social para los profesionales de atención a la infancia, basándose en la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Sin embargo, el Comité de Empresa argumenta que la normativa no obliga a restringir el acceso a esta profesión a una única titulación y señala que en otras comunidades autónomas se han adoptado modelos más inclusivos.
Hasta ahora, el personal educativo en atención a menores en Asturias podía acceder con titulaciones en Magisterio, Psicología, Psicopedagogía o ramas afines de Ciencias Sociales y Jurídicas. La reforma propuesta supondría que el personal fijo sin la titulación requerida pasaría a una categoría a extinguir, lo que limitaría su movilidad y promoción interna. Además, el personal temporal sin dicha titulación quedaría fuera de la posibilidad de acceder a la funcionarización.
Los manifestantes han solicitado que el Gobierno del Principado abra una negociación para evitar perjuicios a los actuales trabajadores. Asimismo, han instado a los grupos parlamentarios a presentar una proposición no de ley que permita modificar la normativa vigente y establecer un modelo de integración que reconozca la diversidad de formaciones en el sector de atención a menores
