Desde que es autonomía, Asturias ha pasado de ser una de las regiones más industrializadas a ser una de las regiones más deprimidas de todo el continente europeo
Por Urbano Rubio Arconada
Atendiendo al deterioro paulatino de la sanidad, la educación y el sector agrícola, y más recientemente, analizando lo ocurrido con la riada de Valencia y con los incendios forestales de este verano, y el impresentable juego de echarse las culpas entre admiraciones, ha puesto de manifiesto, de manera trágica, una evidencia difícilmente rebatible: el sistema autonómico no funciona: es una caja sin fondos, es ineficiente, territorialmente discriminatorio y está deshaciendo de forma acelerada la idea nacional.
Las Autonomías no han acercado la administración al ciudadano, todo lo contrario, han creado más muros burocráticos que hacen imposible ciertas gestiones por duplicidad empeorando los servicios públicos. La deuda de las Autonomías ha pasado de los 61.300 millones de euros del 2003 a 360.000 millones de euros aproximadamente en estos momentos, de los que más de 140.000 podrían ahorrarse por ser superfluos. Sin esa rémora no habría déficit nacional, ni recortes en pensiones ni en sanidad. Y tendríamos una bendición de presión fiscal y sueldos netos más altos. Se restablecería la unidad de mercado nacional y la unidad laboral producida por la proliferación de legislaciones autonómicas. Se acabaría con los pulsos al estado, con los cupos y privilegios, con las desigualdades entre españoles. Todo resuelto de un plumazo.
Las Comunidades Autónomas son el verdadero agujero en las cuentas públicas españolas, en las que, además, en este periodo autonómico, la tasa de homicidios se ha multiplicado por dos y la población reclusa por cuatro. El traspaso de competencias del Estado a las comunidades autónomas tuvo una trasferencia de 821.000 empleados públicos. Sin embargo, los asalariados de las autonomías alcanzan hoy los dos millones de empleados. ¿Dónde están los empleados de más? ¿Hay más médicos o más enfermeras? … Lo que sí está acreditado es que hay miles de “colocados” en fundaciones, agencias, asociaciones… Actualmente las autonomías españolas tienen mayor nivel de competencias y gasto que las regiones de cualquier otro país del mundo. En España el 44% del gasto corresponde al Estado central mientras que en la mayoría de países de la Unión Europea y del mundo es el Estado quién concentra más del 80% del gasto público total. En los últimos años las desigualdades se multiplican con los diferentes “cupos” a Cataluña y Vascongadas en ámbitos fiscales, energéticos y económicos de todo tipo, con una financiación efectiva que duplica al resto de regiones: una brecha inmensa entre regiones privilegiadas de primera y cipayos de segunda donde estamos el resto de españoles.
De facto, las regiones de segunda se están convirtiendo en colonias de las regiones con fuerzas separatistas. El ventajismo se refleja, por ejemplo, en más y mejores ayudas o en mayores retribuciones salariales para un mismo puesto de trabajo. Así por ejemplo un peón del metal en Guipúzcoa gana un 30% más que un ingeniero en Cuenta, tal y como confirma un informe de la patronal Confemetal. Si aplicáramos criterios de eficiencia económica, igualdad y sentido común entre regiones, habría que eliminar directamente las autonomías, o al menos, ceder al Estado las competencias de Sanidad, Educación, Justicia, Seguridad, Ciencia y Tecnología y grandes infraestructuras. Y en Asturias ¿para qué le ha servido la Autonomía? Pues desde que es autonomía, para pasar de ser una de las regiones más industrializadas a ser una de las regiones más deprimidas de todo el continente europeo. El Principado pasa en diez años de la séptima a la novena plaza en el índice de competitividad regional y cae cuarenta puestos en el ranking de riqueza de las 344 regiones de la UE. El barómetro de Real Instituto Elcano, el porcentaje de ciudadanos que desearían un Estado sin CCAA se duplica. Y en una reciente encuesta de un diario nacional, 9 de cada 10 votaron a favor de la devolución de competencias al Estado. El problema de fondo es un Estado autonómico que vulnera directamente la igualdad de los españoles y no sólo en el aspecto impositivo, extraordinariamente importante, sino en otros también básicos como el acceso a la Administración, la enseñanza, el transporte…
Las Autonomías y su poder legislativo han llevado a socavar la unidad de derechos y obligaciones y a que un parlamento regional proclame sus propias reglas e incluso la independencia. Así que si se quieren mejorar las cosas hay que ir sin complejos a reorganizar el Estado para que lo sea de ciudadanos libres e iguales. ¿Cómo se arregla este desbarajuste? Habría que cambiar la Ley electoral para dar el mismo valor al voto a cada español y aplicar la normativa europea del umbral del 5% de los votos para obtener representación, lo que dejaría fuera del Parlamento a los partidos separatistas. Luego, y con la ayuda de la Inteligencia Artificial, por un lado, detectar las bolsas de gasto público improductivo, y por otro, buscar la eficiencia y la competitividad. Aunque, antes de todo, habría que preguntar a los españoles en referéndum sobre “más o menos autonomía”.
