La consejera de Derechos Sociales defiende en la Junta que los controles permitieron detectar las incidencias, descartar el inmueble y remitir el expediente a la Fiscalía, mientras Pumares reclama aclarar por qué se pasó de considerar viable el piso a rechazarlo en pocos días
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha defendido este miércoles en el Pleno de la Junta General que el descarte del inmueble de La Florida que estaba previsto como recurso residencial para menores tutelados demuestra que los mecanismos de control de la Administración «han funcionado correctamente». La responsable del área ha asegurado que la supervisión del procedimiento permitió detectar distintas incidencias antes de que el recurso llegase a ponerse en funcionamiento y ha defendido que el Gobierno asturiano actuó paralizando el proceso, descartando la ubicación y trasladando la documentación a la Fiscalía. La polémica se remonta a mediados de agosto, cuando el Principado comenzó a estudiar distintas alternativas para trasladar a Oviedo a menores que participaban en programas dirigidos a favorecer su autonomía y facilitar su transición a la vida independiente. Entre las opciones valoradas se encontraba un inmueble situado en el número 32 del paseo de La Florida, una posibilidad que generó oposición entre parte de los vecinos del edificio y posteriormente desencadenó varias semanas de protestas y tensión en el barrio.
El proyecto contemplaba inicialmente el traslado de ocho menores desde el recurso que permanecía operativo en Avilés, con una capacidad prevista de alrededor de quince plazas. Sin embargo, tras la llegada de Nerea Monroy a la Consejería de Derechos Sociales, el Gobierno autonómico anunció el descarte definitivo del inmueble por motivos «técnicos y jurídicos» y comunicó que buscaría una ubicación alternativa. El caso dio un nuevo giro cuando el Principado decidió remitir a la Fiscalía la documentación relacionada con el expediente después de conocer una posible vinculación entre la propiedad del inmueble y una persona relacionada con el área de Infancia del Gobierno asturiano. El Ejecutivo también anunció la apertura de una investigación interna para revisar las circunstancias que rodearon la tramitación.
«Ningún menor llegó a ser trasladado»
Durante su intervención en la Junta, Monroy ha defendido que la Administración actuó precisamente porque los controles permitieron detectar cuestiones que debían ser aclaradas antes de tomar una decisión definitiva. La consejera ha explicado que los informes elaborados por los servicios competentes identificaron «distintas cuestiones que debían aclararse y resolverse» y ha rechazado que la elección inicial del inmueble fuese consecuencia de una actuación «improvisada» o de una decisión arbitraria. Según su versión, el procedimiento estaba sometido a los controles previstos y fue durante esa supervisión cuando se detectaron las circunstancias que llevaron finalmente a paralizarlo.
Monroy ha puesto además el foco en que el recurso nunca llegó a entrar en funcionamiento. «Ningún menor llegó a ser trasladado», ha señalado, antes de remarcar que «ningún derecho se vio afectado» y que tampoco llegó a producirse «ninguna situación de riesgo». La consejera ha resumido las actuaciones adoptadas por el Ejecutivo en tres decisiones: «descartar la ubicación, remitir toda la documentación a la Fiscalía y abrir una investigación interna». A partir de ahora, ha asegurado, el Gobierno colaborará con las investigaciones y actuará en función de las conclusiones que se alcancen.
«Lejos de evidenciar un fallo, demuestra que la supervisión ha funcionado correctamente», ha defendido Monroy, que también ha asegurado que el Ejecutivo «no va a ocultar información», aunque ha advertido de que tampoco pretende «sustituir el trabajo de quienes tienen la competencia de investigar».
Pumares cuestiona el cambio de criterio del Principado
Las explicaciones de la consejera no han despejado, sin embargo, las dudas planteadas por el diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, que ha centrado su intervención en el cambio de criterio producido en un periodo de tiempo reducido. Pumares ha recordado que la anterior responsable de Derechos Sociales había defendido que el inmueble de La Florida era una ubicación adecuada para poner en marcha el recurso y trasladar a los menores desde Avilés. Pocos días después, con Monroy al frente de la Consejería, el Principado descartó la vivienda alegando precisamente motivos técnicos y jurídicos.
El diputado ha asegurado que continúa sin conocer cuáles fueron exactamente esas circunstancias que llevaron a rechazar el inmueble. «Sigo sin entender cuáles son esas razones técnicas y jurídicas», ha señalado durante su intervención, según ha recogido Europa Press. Pumares también ha reclamado aclaraciones sobre el posible conflicto de intereses que habría motivado el traslado del expediente a la Fiscalía. En concreto, ha preguntado cuándo tuvo conocimiento el Gobierno asturiano de esa circunstancia y si la posible vinculación entre la propiedad del inmueble y un responsable del área de Infancia ya era conocida durante el mes de junio.
El parlamentario ha planteado además si el Ejecutivo está utilizando la investigación como vía para buscar responsabilidades individuales por una decisión que, a su juicio, pudo haberse tomado de manera precipitada. «Espero que no sea que lo que está haciendo el Gobierno del Principado de Asturias es para dar marcha atrás en una decisión que parece ser que fue apresurada», ha apuntado.
El traslado de la documentación a la Fiscalía no implica, por el momento, que exista una conclusión sobre la posible comisión de un delito o sobre la existencia de corrupción. Será el Ministerio Público quien determine si las circunstancias recogidas en el expediente presentan relevancia jurídica y si procede realizar alguna actuación. Mientras tanto, el Gobierno asturiano mantiene descartado el inmueble de La Florida y trabaja en la búsqueda de otra ubicación para el recurso residencial destinado a menores tutelados.
