Este modelo no redistribuye riqueza, redistribuye poder. Y lo hace reduciendo el papel del Estado como árbitro y nivelador. En ese contexto, afirmar que “todos ganan” es una verdad a medias. Y en política económica, las verdades a medias suelen acabar pasando factura entera
Empecemos por Asturias, que es donde se nota el ruido de fondo. Con el nuevo modelo de financiación autonómica, el Principado recibiría unos 246 euros más por habitante. La cifra existe, está ahí y se repetirá como prueba de que “todos ganan”. Pero quedarse en ese dato es mirar el árbol y perder el bosque. Porque, al mismo tiempo, Asturias pierde posición relativa en el ranking de financiación y queda más expuesta a algo mucho más decisivo: una reducción futura de la inversión estatal directa.
Para una comunidad envejecida, dispersa y con menor base fiscal, la inversión del Estado no es un complemento decorativo. Es un pilar estructural. Infraestructuras, política industrial, fondos de compensación, capacidad anticrisis. Sustituir parte de ese sostén por una transferencia algo mayor no es una mejora automática: es cambiar estabilidad por liquidez. Más hoy, menos mañana.
A partir de ahí conviene levantar la vista. El nuevo modelo no se limita a repartir algo más de dinero. Modifica de raíz la arquitectura fiscal: la cesión del IRPF sube al 55% y la del IVA al 65%. El volumen total del sistema salta hasta los 224.500 millones de euros. A primera vista, abundancia. En realidad, traslado de poder fiscal. Esos recursos no aparecen por generación espontánea: salen del Estado central. Y cuando el Estado pierde ingresos directos, pierde algo más que dinero: pierde capacidad de actuar.
Aquí está el punto que apenas se discute. La financiación autonómica no es el único flujo que sostiene la cohesión territorial. Existe también la inversión estatal directa, la capacidad de corregir desequilibrios, de impulsar proyectos estratégicos y de responder a crisis. Todo aquello que no depende de la riqueza previa del territorio, sino de una lógica de equilibrio nacional. Cuando el Estado adelgaza fiscalmente, esas partidas son las primeras en resentirse. No por ideología, sino por simple aritmética presupuestaria.
Menos ingresos directos implican menos inversión discrecional. Y menos inversión discrecional implica más desigualdad territorial, no menos. Por eso el argumento oficial de que “todas las comunidades ganan” es, como mínimo, incompleto. Se basa en una sola columna del balance —la de las transferencias— e ignora el resto de la estructura.
A esta ecuación se añade otro elemento decisivo: el principio de ordinalidad. Bajo esta lógica, quien más tiene no debe perder posición relativa tras el reparto. Traducido: las comunidades con mayor capacidad fiscal blindan su ventaja. No es solidaridad; es conservación jerárquica del poder económico. En un escenario donde el Estado se retira parcialmente, esa ventaja se consolida año tras año.
El resultado es perverso. Las comunidades más fuertes ganan recursos y centralidad. Las medias y débiles reciben algo más, sí, pero quedan a la intemperie cuando se debilita el único actor capaz de equilibrar el conjunto. Para territorios como Asturias, esto no es una discusión teórica. Es una cuestión de sostenibilidad a medio plazo.
Aquí aparece la gran confusión interesada: equiparar ganancia contable con ganancia real. Ganar no es solo ingresar más hoy. Ganar es mantener capacidad de sostener servicios mañana, de resistir crisis, de corregir desventajas estructurales. Y eso exige un Estado fuerte, no un Estado reducido a pagador automático.
Dicho sin rodeos: este modelo no redistribuye riqueza, redistribuye poder. Y lo hace reduciendo el papel del Estado como árbitro y nivelador. En ese contexto, afirmar que “todos ganan” es una verdad a medias. Y en política económica, las verdades a medias suelen acabar pasando factura entera.
La pregunta no es quién cobra más este año. La pregunta es quién sostiene el país cuando vengan mal dadas. Y esa respuesta, hoy, empieza a quedar peligrosamente debilitada.
