El equipo de gobierno defiende la congelación de tributos mientras la oposición critica la falta de ambición social y el impacto de la tasa de basuras
El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó este lunes de forma definitiva las ordenanzas fiscales, precios públicos y prestaciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2026, en una sesión marcada por un intenso debate político en torno a la presión fiscal, la tasa de basuras y el modelo de ciudad. El equipo de gobierno defendió la congelación de todos los tributos y precios públicos para el próximo año como eje central de su propuesta. Durante su intervención, la concejala Leticia González aseguró que la medida busca aportar estabilidad a familias y tejido económico en un contexto de incertidumbre económica. “La propuesta de este equipo de Gobierno es la congelación de todos los tributos y precios públicos para el año 2026”, afirmó, recordando que la política fiscal municipal debe ser “sensible, prudente y cercana” a hogares, pymes y autónomos.
Desde el gobierno local se insistió en que esta decisión no implica una merma de los servicios públicos. Según la concejala, “congelar no significa renunciar”, y defendió que es compatible mantener los impuestos estables y, al mismo tiempo, reforzar servicios mediante una gestión “rigurosa y responsable” del presupuesto municipal. También destacó que Oviedo mantiene una presión fiscal por debajo de la media de otras capitales y puso como ejemplo el tipo del IBI urbano o las bonificaciones existentes en el Impuesto de Actividades Económicas.
Uno de los puntos más controvertidos del debate fue la tasa de basuras. El equipo de gobierno recordó que no se introduce ninguna modificación para 2026 y que el incremento aplicado en ejercicios anteriores respondió a una obligación legal estatal. En este sentido, la edil señaló que “este año no se produce ninguna modificación en la tasa de basuras” y anunció la creación de una nueva línea de ayudas destinada a aliviar su impacto en familias con menos recursos.
Críticas de la oposición a los nuevos anuncios
La oposición, sin embargo, cuestionó de forma mayoritaria el planteamiento del gobierno municipal. La concejala Elena Figaredo calificó el proyecto de ordenanzas como “poco audaz” y anunció su abstención. En su intervención defendió la necesidad de impuestos más bajos, especialmente para rentas modestas y familias, y criticó que el proyecto sea “estático” y “no reformista”, al considerar que “no impulsa ni a los jóvenes, ni a las familias, ni a las clases medias”.
Desde Vox, el tono fue especialmente crítico. Su portavoz, Sonsoles Peralta, afirmó que las ordenanzas suponen “el mayor atraco fiscal que se ha hecho a los ovetenses” y calificó la tasa de basuras de “injusta y desproporcionada”. Según señaló, el presupuesto municipal destina “la mísera cantidad de 50.000 euros en bonificaciones” para esta tasa, lo que, a su juicio, evidencia una falta de sensibilidad social.
Por su parte, el grupo municipal de Izquierda Unida, con Gaspar Llamazares como portavoz, centró su discurso en la falta de diálogo y en la distribución de la carga fiscal. Su portavoz consideró que el problema “no es tener más o menos impuestos, sino quién paga y cómo los paga”, y lamentó que el proyecto no aproveche las ordenanzas para avanzar en objetivos como el acceso a la vivienda, la cohesión social o la movilidad sostenible. A su entender, las ordenanzas representan “una oportunidad perdida” por su carácter continuista.
El PSOE también anunció su voto en contra, al considerar que las ordenanzas “no representan a la mayoría social” del municipio ni protegen a quienes más lo necesitan, en la intervención de su portavoz municipal. Su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, criticó especialmente la tasa de recogida de basuras, al entender que “se cobra más, pero no se ofrece más”, y denunció la ausencia de beneficios específicos para hogares vulnerables o pequeños comercios.
Con la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales de 2026, el Ayuntamiento de Oviedo fija el marco tributario del próximo ejercicio, que entrará en vigor el 1 de enero.
