Avispa Asturias denuncia una supuesta falta de supervisión de la empresa adjudicataria después de detectarse la introducción y distribución de productos prohibidos entre los menores
La Asociación de Vigilantes de Seguridad de Asturias (Avispa) ha reclamado explicaciones sobre los mecanismos de control y supervisión de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, después de que se hayan detectado casos relacionados con la introducción y distribución de productos prohibidos entre los internos.
La organización ha señalado este jueves que existen, a su juicio, deficiencias en las labores de control, inspección y supervisión desarrolladas por la empresa responsable del servicio de seguridad en el centro.
Según ha informado Avispa Asturias, ya se han adoptado medidas disciplinarias por estos hechos y se ha confirmado el despido de un auxiliar de la compañía después de detectarse actuaciones relacionadas con la facilitación de mecheros y tabaco a jóvenes internos.
La asociación sostiene, no obstante, que las situaciones denunciadas ya habían sido comunicadas previamente a la empresa adjudicataria, sin que, según su versión, se produjera una respuesta efectiva. Por ello, reclama conocer qué comprobaciones se realizaron tras recibir las primeras informaciones, qué inspecciones se llevaron a cabo y qué medidas preventivas se adoptaron.
La Dirección del centro habría iniciado la actuación
Avispa Asturias asegura que la intervención terminó partiendo directamente de la Dirección del centro y no de una actuación que, según la asociación, correspondiera a una respuesta diligente de la empresa encargada del servicio.
La organización ha añadido que la Dirección del recinto está estudiando además la posible expulsión de un vigilante de seguridad por su presunta colaboración en la distribución de estos productos.
Ante esta segunda situación, Avispa ha reclamado que se respeten los procedimientos establecidos y las garantías correspondientes antes de adoptar cualquier medida, al tiempo que considera necesario revisar el sistema de control operativo del personal destinado en el centro.
Reclaman conocer cuándo se detectaron los hechos
La asociación ha pedido que se aclare cuándo tuvo conocimiento la empresa de las irregularidades y qué mecanismos de supervisión estaba aplicando sobre los trabajadores destinados en Sograndio.
Avispa considera que las características de un centro de responsabilidad penal de menores exigen una vigilancia especialmente rigurosa y sostiene que la seguridad debe apoyarse no solo en la presencia física de los trabajadores, sino también en mecanismos activos de prevención, supervisión y respuesta ante posibles incidentes.
Las afirmaciones de la asociación se producen después de que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra personal vinculado al servicio de seguridad, mientras permanece bajo estudio la situación de otro vigilante por su presunta implicación en los hechos.
