Los trabajadores se concentran frente al centro de menores una semana después de la fuga de ocho internos y denuncian carencias en cámaras, sistemas de detección y equipos de protección
Los trabajadores de la empresa de seguridad encargada de la vigilancia del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, se han concentrado este viernes frente a las instalaciones para denunciar las condiciones en las que desarrollan su trabajo y advertir de que, según aseguran, actualmente «es imposible» garantizar la seguridad en el centro. La protesta se produce una semana después de la fuga de ocho internos en dos episodios diferentes y de las agresiones sufridas por varios vigilantes. Los trabajadores sostienen que la falta de efectivos y de medios materiales afecta no solo a su propia seguridad, sino también a la del personal educativo y de servicios y a la de los propios menores.
El portavoz de los trabajadores, Carlos Lozano, ha señalado que la plantilla prevista es de 49 vigilantes, pero que actualmente trabajan alrededor de 30. A esta situación se suma, según ha explicado, otra treintena de trabajadores de baja. Los vigilantes denuncian además la incorporación de auxiliares que, según sostienen, «no están habilitados» para desempeñar las funciones propias de un vigilante de seguridad. En determinados turnos en los que debería haber 11 efectivos, los trabajadores aseguran que llegan a faltar hasta cinco. Una situación que, a su juicio, dificulta la cobertura de las instalaciones y la respuesta ante posibles incidentes.
Cámaras, detectores y chalecos anticorte
Los trabajadores sitúan parte del origen de los problemas en la adjudicación del servicio de seguridad a la empresa Asepro en noviembre de 2025. Según Lozano, fue entonces cuando «empezó el caos». Entre las deficiencias que denuncian se encuentra el funcionamiento del circuito de cámaras de vigilancia, así como el retraso en la instalación del arco detector previsto para el acceso al centro. También señalan que las palas de cacheo disponibles no detectan todos los metales y que existe una falta de chalecos anticorte.
A estas carencias materiales añaden problemas relacionados con las condiciones laborales. Los trabajadores aseguran que la empresa tiene dificultades para contratar nuevos vigilantes y lo vinculan a la falta de cumplimiento de determinadas condiciones laborales, entre ellas el abono de complementos.
Denuncian también agresiones a vigilantes
Durante la concentración, otro de los trabajadores, Diego Feal, ha denunciado que las agresiones sufridas por los vigilantes no siempre quedan reflejadas como tales: «Si tienes una agresión, te denuncia el centro a ti como que tú pegaste al interno, entonces, nunca figura que haya agresiones hacia los vigilantes». Los trabajadores consideran que esta situación se suma a los problemas de personal y medios que, según sostienen, ya existían antes de los últimos incidentes registrados en el centro.
El traslado de internos mayores de edad, otro foco de preocupación
La situación de Sograndio coincide además con el anuncio del Principado de que los internos mayores de edad que actualmente cumplen medidas en el centro y cuya situación judicial lo permita podrán ser trasladados al Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. El sindicato de prisiones TAMPM Asturias ha reclamado información sobre esta operación y ha denunciado que los trabajadores de Villabona todavía desconocen cuántos internos llegarán, sus perfiles, el calendario de los traslados o los módulos en los que serían destinados.
El centro de Sograndio cuenta actualmente con 53 internos, de los que 23 son mayores de edad, según los datos trasladados por el sindicato. TAMPM ha reclamado que cualquier traslado vaya acompañado de una evaluación específica de riesgos laborales y de un refuerzo de la plantilla y los medios disponibles en Villabona.
