IU solicita al área de Urbanismo que atienda a los residentes mientras crece la preocupación vecinal por el impacto ambiental del proyecto
Los vecinos del valle de Las Caldas y del entorno de Priorio han vuelto a reclamar explicaciones al Ayuntamiento de Oviedo sobre la situación de la planta de asfalto y hormigón proyectada en la zona. Una demanda vecinal que se ha visto respaldada por una iniciativa registrada por IU-Convocatoria por Oviedo, que pide al responsable de Urbanismo, Nacho Cuesta (PP), que mantenga un encuentro directo con los residentes para informarles del estado de la tramitación administrativa, y hacerlo en un horario en el que estos puedan acudir -según ha podido saber este medio, desde el Ayuntamiento la reunión se propone en horario de mañana, incompatible con la jornada laboral de las principales portavoces del movimiento-.
El concejal de IU, Alejandro Suárez, ha señalado este jueves que los vecinos no han recibido aún una explicación detallada por parte del Ayuntamiento, a pesar de haber acudido en varias ocasiones a sesiones plenarias y de haber protagonizado concentraciones en los últimos meses. Su propuesta busca, según ha indicado, facilitar un espacio de diálogo en el que los afectados puedan conocer de primera mano la situación del expediente.
Crece la oposición vecinal al proyecto
La contestación al proyecto de planta de asfalto en Priorio se ha consolidado entre los residentes de Las Caldas y su entorno rural, que alertan de posibles efectos sobre el medio ambiente, la calidad del aire y el modelo territorial de la zona. Los vecinos han expresado su preocupación por la posible implantación de una industria pesada en un entorno que, según sostienen, está vinculado a valores ambientales y a actividades relacionadas con el turismo y el paisaje natural. En sus movilizaciones han insistido en que la instalación sería incompatible con el carácter del valle. Las protestas han incluido concentraciones frente al Ayuntamiento de Oviedo y la lectura de manifiestos en los que se reclama la paralización del proyecto y una mayor transparencia en la tramitación administrativa.
El conflicto se enmarca en un procedimiento administrativo que sigue abierto y que ha generado debate entre los distintos grupos municipales, especialmente en torno a la regulación de este tipo de instalaciones en el concejo. Desde el equipo de gobierno se ha defendido que el expediente está condicionado por resoluciones judiciales previas que obligan a reconsiderar decisiones anteriores, lo que ha derivado en un análisis jurídico del caso antes de adoptar nuevas determinaciones.
