Entidades sociales alertan de una situación de extrema vulnerabilidad en el centro de menores de Loriana
Entidades sociales y plataformas de defensa de los derechos humanos han denunciado la “inminente expulsión a la calle” de tres menores extranjeros tutelados en el centro de menores de Loriana, en Oviedo. Los jóvenes, bajo tutela administrativa desde hace dos años, se encuentran en una situación de “extrema vulnerabilidad” que las organizaciones atribuyen a una prolongada cadena de negligencias burocráticas.
Entre las entidades denunciantes se encuentra la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura y Canarias, que señala directamente a la gestión del centro —dependiente de la Asociación Centro Trama— y a la inacción de las administraciones competentes en materia de protección de menores y extranjería.
Las plataformas aseguran que se han producido graves irregularidades, como la realización de pruebas de determinación de edad a menores que disponían de pasaporte en vigor o la invalidación de documentos oficiales sin resolución judicial que lo respalde. A ello se suma, denuncian, la falta de tramitación de las autorizaciones de residencia y trabajo, un procedimiento que corresponde legalmente a la administración cuando se trata de menores tutelados.
Según las entidades, estas prácticas vulneran la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Constitución Española, al anteponer criterios de control migratorio al interés superior del menor.
Las organizaciones recuerdan que esta actuación contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Reglamento de Extranjería, diversos dictámenes del Defensor del Pueblo y directrices de la Unión Europea, así como resoluciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
En una nota de prensa, advierten de que la salida forzosa de los recursos de protección supondría dejar a estos jóvenes “directamente en la calle”, sin cobertura legal ni institucional. Ante esta situación, reclaman la paralización inmediata de cualquier orden de salida del centro, el reconocimiento efectivo de la minoría de edad conforme a la documentación oficial y la tramitación urgente de los permisos de residencia y trabajo. Dejar a estos menores sin protección, concluyen, no solo incumple la ley, sino que pone en riesgo su integridad física y jurídica.
