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Los conductores denuncian que, un mes después del apuñalamiento en el búho de Langreo, siguen sin medidas de protección

Redacción por Redacción
16/04/26
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CCOO critica la falta de medidas de seguridad tras la agresión en la ruta entre Langreo y Oviedo y mantiene la presión tras once días de huelga

Concentración en apoyo al conductor atacado el pasado mes de marzo. / CCOO

Ha pasado un mes desde que, en la noche del 15 de marzo, un conductor de la línea búho que cubre el trayecto entre Langreo y Oviedo sufriese una agresión con arma blanca en Sama de Langreo, poco antes de iniciar el servicio. El trabajador resultó herido tras ser apuñalado por un individuo que se dio a la fuga, en un suceso que generó una fuerte conmoción en el sector del transporte y entre los usuarios del servicio nocturno. Ahora, el sindicato CCOO denuncia que, un mes después, la empresa concesionaria sigue sin adoptar medidas de protección como la instalación de mamparas en los vehículos.

Desde entonces han transcurrido también once días de huelga en las plantillas de Transportes Zapico y de Autobuses de Langreo, sin que se haya alcanzado un acuerdo que permita desconvocar los paros. Este martes se celebró un segundo intento de mediación en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), que concluyó sin avances. CCOO critica que la empresa mantiene una postura “negacionista” respecto a la adopción de medidas preventivas, argumentando que la agresión fue un hecho aislado. Una posición que el sindicato considera contradictoria, dado que la propia evaluación de riesgos laborales -realizada por un servicio de prevención externo contratado por la compañía- ya contempla la posibilidad de incidentes con consecuencias “extremadamente dañinas” para el personal conductor.

“La empresa mira para otro lado sin asumir que la seguridad y la salud es responsabilidad suya”, sostiene la organización sindical, que cuestiona además cómo deben actuar los conductores ante situaciones de conflicto durante el servicio o qué garantías tienen los usuarios en esos escenarios. El conflicto también ha abierto el debate sobre la responsabilidad de las administraciones públicas. CCOO plantea si una empresa que recibe subvenciones del Principado de Asturias, a través del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), puede mantener su actividad sin implementar medidas que, según los trabajadores, son necesarias para garantizar la seguridad.

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