Mientras el Principado recuerda que no todos los terrenos están bajo su propiedad el PP recuerda los continuos saqueos e IU-Convocatoria la «lentitud» con la que se están llevando a cabo los derribos
El antiguo HUCA se ha convertido por méritos propios en una de las mayores vergüenzas de Oviedo. Más de diez años de abandono, saqueos y actos vandálicos reportados en numerosas ocasiones por los trabajadores del entorno y vecinos hartos de los viajes de ida y vuelta de quienes, durante años, se han dedicado a ‘rescatar’ todo lo aprovechable (vendible) de unas instalaciones que en su día formaron parte del mayor complejo hospitalario de Asturias.
En este contexto, el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, negaba este lunes en el pleno de la Junta General que se estén produciendo actualmente saqueos o actos vandálicos en las antiguas instalaciones, ahora en proceso de demolición. Peláez respondía así a las acusaciones del diputado del Partido Popular (PP), José Agustín Cuervas-Mons, quien denunciaba la falta de seguridad en las instalaciones, afirmando que los inmuebles han sido objeto de expolio incluso durante los trabajos de derribo. Así, el consejero recordaba que las parcelas donde se ubican los edificios actualmente derribados son propiedad del Principado, mientras que otras, como la antigua residencia Nuestra Señora de Covadonga, el área de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas, pertenecen a la Tesorería General de la Seguridad Social, alegando entonces que el Gobierno autonómico no puede destinar fondos públicos a la seguridad de inmuebles que no están bajo su titularidad.
Durante el debate parlamentario, Peláez acusó al diputado popular de tratar de confundir deliberadamente a los vecinos del barrio ovetense de El Cristo sobre la responsabilidad en la gestión del recinto. “Le imploro que sea riguroso”, dijo, insistiendo en que el Ejecutivo asturiano ha actuado dentro de sus competencias. Por su parte, Cuervas-Mons reiteraba que los saqueos han sido constatados por residentes de la zona y criticaba la falta de control sobre los contratos de vigilancia adjudicados. Cuestionó, además, la utilidad de los recursos públicos empleados, asegurando que “se han pagado más de 100.000 euros cada cierto tiempo a empresas de seguridad y, sin embargo, nadie parece controlar la situación”.
Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de debate sobre la gestión del viejo HUCA, cuya demolición comenzó recientemente tras años de abandono. En febrero, el propio consejero reconoció que se habían firmado catorce contratos de seguridad por un total de ocho millones de euros, aunque admitió que la actuación del Principado podría haber sido más ágil.
Asimismo, desde el Ayuntamiento de Oviedo, el portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares, ha criticado este mismo martes la “exasperante lentitud” del proceso de derribo y ha instado a integrar a la Tesorería de la Seguridad Social en la comisión interadministrativa para buscar soluciones para los edificios que aún no tienen un uso definido.
