Más de una treintena de sanciones y varias investigaciones judiciales reavivan el conflicto tras las movilizaciones contra el acuerdo UE-Mercosur
Las sanciones impuestas tras la tractorada celebrada en Oviedo contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur han abierto un nuevo frente de tensión entre el sector primario y las administraciones. Ganaderos y organizaciones agrarias denuncian una “estrategia de amedrentamiento” a través de multas que, en algunos casos, alcanzan los 600 euros, y advierten de un intento de frenar futuras movilizaciones. La protesta, celebrada a mediados de enero, reunió a miles de profesionales del campo y cerca de 200 tractores en el centro de la capital asturiana, en una de las mayores movilizaciones recientes del sector. Aunque estuvo marcada por momentos de tensión y acciones simbólicas, los convocantes defienden que se desarrolló de forma “cívica” y sin incidentes graves.
Sin embargo, semanas después, han comenzado a llegar sanciones administrativas a participantes y organizadores. Según explica Borja Fernández, coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), ya se han contabilizado más de 30 multas en distintos puntos de Asturias, vinculadas principalmente a cortes de tráfico durante las protestas. “Nos parece una auténtica vergüenza lo que están haciendo porque fue una protesta ejemplar, no se rompió nada, no causamos ningún incidente reseñable”, afirma. A su juicio, “lo que se está intentando es evitar que en futuras movilizaciones la gente participe”.
Entre los casos señalados, la propia organización ha recibido una sanción como convocante de la tractorada en Oviedo, mientras que otros participantes han sido denunciados por su presencia en cortes de vías. La ganadera sierense Verónica Molleda, miembro de URA, relata que su denuncia llegó días después por circular por una carretera nacional. “Creo que la única finalidad de esto es intentar deshacer un poco la unión que hay”, sostiene, al tiempo que recalca que “en ningún momento hubo ningún tipo de violencia ni acto vandálico”. Además, cuatro ganaderos del occidente asturiano están siendo investigados por el corte de una autovía, lo que ha elevado la preocupación dentro del sector. Desde URA consideran que estas actuaciones forman parte de una “represión en toda regla”.
En la misma línea, el recién elegido presidente de Ganagri, Francisco Javier Martínez, denuncia un deterioro del derecho a la manifestación. “Estamos manejando una democracia de muy baja calidad, que ya no podemos salir a la calle sin que nos machaquen”. Según explica, solo entre los socios de su organización se han registrado unas 15 sanciones, y han decidido habilitar mecanismos de apoyo para hacer frente a los pagos. Las multas, generalmente de 600 euros por obstaculizar el tráfico, plantean además un dilema para los afectados: recurrirlas implica arriesgar el descuento del 50% por pronto pago, lo que lleva a muchos a abonar la sanción directamente pese a no estar conformes.
El malestar se ha trasladado también a la calle, con concentraciones frente a la Delegación del Gobierno en Oviedo y llamamientos a las organizaciones agrarias para que asuman la defensa jurídica de los afectados. Desde el sector insisten en que las movilizaciones respondían a la defensa de un modo de vida y de una actividad que consideran estratégica. Pese a la situación, las organizaciones no descartan nuevas protestas. “Esto no va a parar”, advierten desde el sector, que interpreta las sanciones no como un freno, sino como un factor que puede reforzar la movilización en defensa de sus reivindicaciones.
