CSIF denuncia un “deterioro laboral y organizativo” en el CP San Lázaro de Oviedo y exige explicaciones a la Consejería de Educación por la gestión del conflicto interno
La situación interna del Colegio Público San Lázaro–Escuelas Blancas de Oviedo ha escalado en las últimas semanas hasta convertirse en un nuevo foco de preocupación en el ámbito educativo asturiano. El sindicato CSIF Educación Asturias ha denunciado públicamente un “progresivo deterioro del clima laboral” en el centro, con bajas entre el profesorado, peticiones de traslado, actuaciones inspectoras en marcha y un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que reconoce no disponer de medios suficientes para actuar con urgencia. La organización sindical reclama explicaciones a la Consejería de Educación y medidas inmediatas para reconducir la situación de un colegio situado en el centro de Oviedo y considerado tradicionalmente uno de los destinos más demandados por estabilidad y ubicación.
Según expone CSIF, el actual curso comenzó con una circunstancia poco habitual en Asturias: tanto la Dirección como la Jefatura de Estudios se incorporaron en comisión de servicios y sin plaza definitiva en el propio centro. El sindicato considera que esa situación excepcional coincide con un deterioro progresivo del funcionamiento interno desde el inicio del curso. En los últimos meses, asegura haber recibido “numerosas comunicaciones y quejas” relacionadas con la organización del colegio y el clima profesional existente. Entre los indicadores que menciona figura el aumento de bajas laborales y el hecho de que “la mitad de la plantilla” haya solicitado cambio de destino en el último Concurso General de Traslados.
Denuncia por riesgos psicosociales
Ante ese escenario, CSIF solicitó formalmente el pasado 16 de marzo una evaluación de clima laboral y de factores de riesgo psicosocial en el centro. En paralelo, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo al entender que podrían existir riesgos para la salud laboral del personal docente. En la documentación remitida, el sindicato sostiene que se habrían producido “múltiples situaciones de incapacidad temporal entre el personal”, circunstancia que, a su juicio, evidenciaría una posible afectación a la salud laboral.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la respuesta del propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado. En un escrito fechado el 16 de abril, el organismo comunica que abrió expediente para evaluar la situación del centro, pero advierte de que no puede concretar fechas de inicio ni finalización. La razón, según reconoce el propio servicio, es la acumulación de trabajo y la escasez estructural de personal. El documento señala que existían entonces 46 actuaciones pendientes en el ámbito psicosocial y que para atender a aproximadamente 24.000 trabajadores de la Administración autonómica solo cuentan con “una psicóloga con capacidad de abordar asuntos del ámbito psicosocial”. El mismo escrito añade que el déficit de medios ya había sido trasladado en distintas ocasiones a órganos de la Administración y también a la Inspección de Trabajo.
CSIF asegura además tener constancia de que la inspectora educativa inicialmente encargada del seguimiento del caso fue relevada tras la elaboración de dos informes y después de mantener reuniones con docentes del centro. El sindicato considera que ese cambio, producido durante el desarrollo de las actuaciones, debe ser explicado “de forma expresa, transparente y documentada” por parte de la Consejería de Educación.
