Los proyectos no avanzan: entran en fase de silencio administrativo. Una expresión elegante para describir algo muy sencillo: nadie quiere mover ficha todavía. No porque falten datos, ni porque el problema sea nuevo, sino porque el calendario ofrece una coartada perfecta. Enero es el mes en el que la prudencia se confunde con la parálisis
Enero siempre llega con promesa de reinicio. Como si el calendario tuviera poderes terapéuticos. Se cambia el número del año, se guardan las luces de Navidad, se desempolvan los propósitos… y, en Asturias, se reactiva una vieja ilusión: ahora sí. Ahora sí se moverán los proyectos. Ahora sí llegará la decisión largamente aplazada. Ahora sí empezará lo que llevaba meses “en fase final”.
Porque enero, en la vida institucional asturiana, no es un mes de arranque. Es un mes de resaca. Una prolongación administrativa de diciembre, con el añadido de que ya no hay fiestas que sirvan de coartada explícita. Todo sigue pendiente, pero con un lenguaje más técnico. Donde antes se hablaba de “cerrar el año”, ahora se habla de “revisar expedientes”. Donde antes había brindis, ahora hay informes “en elaboración”.
El ciudadano atento —ese que aún no ha desistido— recuerda bien el otoño. Recuerda anuncios solemnes, ruedas de prensa con gesto grave, declaraciones sobre proyectos “estratégicos”, “inminentes” o “encarrilados”. Recuerda promesas formuladas con la cadencia del final de ciclo: antes de que acabe el año, en las próximas semanas, a corto plazo. Enero llega y descubre que esas semanas eran conceptuales, no cronológicas.
Los proyectos no avanzan: entran en fase de silencio administrativo. Una expresión elegante para describir algo muy sencillo: nadie quiere mover ficha todavía. No porque falten datos, ni porque el problema sea nuevo, sino porque el calendario ofrece una coartada perfecta. Enero es el mes en el que la prudencia se confunde con la parálisis, y la cautela con la inacción.
La gestión pública asturiana vive cómoda en esa pausa post-festiva. No es dejadez abierta; es algo más refinado. Es la capacidad de alargar la espera sin parecer irresponsable. De aplazar decisiones invocando complejidad. De convertir el paso del tiempo en un argumento en sí mismo. No es que no se haga; es que se está estudiando.
El problema es que esta dinámica tiene un coste real. Y no es abstracto. Cada año que comienza como si el anterior no hubiera existido supone volver a explicar lo ya explicado, reabrir debates cerrados, recomenzar procesos que estaban maduros. Supone quemar energía institucional y social en la casilla de salida. Supone, sobre todo, transmitir una idea devastadora: que el tiempo político no acumula experiencia, solo calendario.
Asturias paga ese coste de forma silenciosa. Lo pagan las empresas que esperan señales claras. Lo pagan los proyectos industriales que viven en una provisionalidad eterna. Lo pagan los ciudadanos que aprenden, poco a poco, a no tomarse en serio los anuncios. Enero se convierte así en un mes pedagógico: enseña a desconfiar con educación.
Hay algo casi clínico en esta repetición. El año empieza, se diagnostica la situación —otra vez—, se prescribe prudencia —otra vez— y se pospone la intervención —otra vez—. El sistema funciona, sí, pero funciona para mantenerse, no para resolver. El calendario actúa como anestesia: adormece la urgencia y diluye responsabilidades.
Y, sin embargo, enero podría ser otra cosa. Podría ser el mes en el que se hereda el trabajo hecho, no en el que se lo archiva. El mes en el que se ejecutan decisiones ya maduradas, no en el que se vuelven a “valorar escenarios”. Pero eso exigiría una ruptura cultural: asumir que gobernar no es empezar de cero cada doce meses, sino sostener una línea de acción aunque cambie la estación.
Mientras tanto, Asturias despierta en enero con la sensación de reinicio… y descubre que todo sigue pendiente. No por mala suerte. Por costumbre. Y las costumbres, cuando se institucionalizan, pesan más que cualquier propósito de Año Nuevo.
