Bibiana Martínez, integrante de la Plataforma por el Agua Pública defiende que el Ayuntamiento de Siero tiene recursos para evitar la externalización y sostiene que el principal logro hasta ahora es haber informado a la ciudadanía: «Con una cesión a 30 años muchos vecinos no volverían a ver este servicio público»
La decisión del Ayuntamiento de Siero de iniciar el proceso para privatizar el servicio de agua ha activado una movilización vecinal que, en apenas un mes, ha logrado extender el debate por parroquias, mercados y comercios del concejo. Mientras el equipo de gobierno defiende la necesidad de la medida para afrontar inversiones millonarias, la recién creada Plataforma por el Agua Pública, integrada por vecinos de las distintas parroquias de Siero, centra sus esfuerzos en la recogida de firmas y en la organización de charlas informativas. “El 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena, convoca un pleno para privatizar el agua”, cuenta Bibiana Martínez, integrante del colectivo. Un anuncio que fue, a su juicio, fue el detonante de una reacción ciudadana que venía gestándose ante otras decisiones previas: “Esta privatización ha sido la gota que colmó el vaso”.
Tras aquel pleno, varios vecinos comenzaron a contactar entre sí con la idea de organizar una respuesta, «sabíamos que había que hacer algo”. De esos encuentros nació la plataforma, que insiste en definirse como un movimiento plural, al margen de siglas políticas. Para ellos, la prioridad, señala una de sus representantes, ha sido informar: “Yo pensaba que la gente sabría lo que estaba pasando porque había salido en prensa pero estaba equivocada. Sales a la calle y le pides la firma a alguien y te dice: ‘¿Cómo es eso de que privatizan el agua?’. En cuando se enteran, piden firmar”.
«Es irrisorio que Cepi diga que necesita entregarlo a una empresa privada después de haberlo dejado morir para reflotarlo»
Por eso, cada firma recogida cumple una doble función: “Son un objetivo en sí mismo, porque cada persona que firma es una persona informada”. Si además se logra forzar una consulta popular (para lo que necesitan 6.100 firmas) y frenar el proceso, añade, “sería un éxito rotundo”, aunque recuerda que el avance en concienciación ya lo consideran un logro. Sobre el número de apoyos recabado hasta la fecha -eran algo más de 2.500 a principios de este mes-, Martínez evita dar una cifra cerrada porque las hojas “están dispersas por muchísimos comercios en La Pola, en El Berrón, en La Fresneda, en Lugones y también en la zona rural”. La estrategia aúna mesas en mercados, colaboración con asociaciones y un sistema de “boca a boca”: “Te he convencido a ti, has firmado, estupendo, pero llévate una hoja y explícaselo a otras personas”.
De esta manera la plataforma mantiene una agenda de charlas en distintos puntos de Siero, “hay varias localidades que nos han pedido ellas mismas que vayamos a explicarles la situación”. El trabajo, reconoce, está siendo intenso, «tremendo”, aunque también “muy gratificante” por la respuesta ciudadana: “La gente te firma y te anima; si no, sería desesperante”.
En el plano de fondo, la plataforma cuestiona la argumentación del alcalde, que cifra en torno a 25 millones de euros las inversiones necesarias y sostiene que la externalización permitiría afrontar esa situación. Martínez considera que el regidor tiene responsabilidad en el estado actual del servicio. “En los últimos treinta años el Ayuntamiento de Siero tan solo ejecutó el 31,61% de las inversiones necesarias en el servicio de aguas”, afirma. El sistema es hoy obsoleto, sí pero “¿quién tiene la responsabilidad? En principio, la persona que estaba dirigiendo ese servicio. Es decir, el alcalde”. También alude esta vecina al superávit municipal para rechazar la idea de que no existan recursos: “Es irrisorio que diga que necesita entregarlo a una empresa privada después de haberlo dejado morir para reflotarlo. El Ayuntamiento tiene recursos suficientes para poder afrontar lo que sea necesario sin necesidad de privatizarlo”. Y critica además el encargo de un informe externo sobre la situación del servicio, por un importe de 56.341,01 euros más IVA. “Como si el propio Ayuntamiento no supiese cómo tenía su propio servicio”, comenta. Y añade: «Sorpresa, ese informe dice que es mejor privatizar. La jugada maestra era creer que los vecinos iban a decir: ‘El servicio no funciona, pues mejor que se privatice’. Pero por suerte no es el caso”.
“El agua pasaría a ser una mercancía”
Sobre las consecuencias de una eventual privatización, Martínez sostiene que el agua “pasaría a ser una mercancía” y que una empresa explotaría una red que pertenece a los vecinos durante un periodo previsto de 30 años. “Muchos vecinos no lo volverían a ver público”, advierte, y revertir la concesión sería, en su opinión, “muchísimo más difícil” una vez adjudicada. La comparación con el mercado eléctrico es uno de los ejemplos que utiliza en sus charlas: “Con la empresa de luz podemos cambiar de compañía; con el agua no vamos a tener esa posibilidad, va a haber solo una. No tenemos posibilidad de negociar ningún precio”.
Los vecinos aceptan que el precio del agua podría subir en cualquier escenario por la falta de inversión acumulada, pero cuestionan que una empresa privada pueda abaratar el servicio: “¿Dónde queda el margen empresarial? La empresa viene a ganar dinero, y bastante dinero”. También introduce la variable climática a largo plazo: “Hoy tenemos agua y no tenemos ningún problema de abastecimiento, pero ¿qué va a pasar dentro de 30 años con la emergencia climática? Cada vez el agua es un bien más preciado”. Un contexto en el que los vecinos consideran aún más preocupante que el control pase a manos privadas con intereses “diferentes a los ecológicos o al abastecer a todo el mundo independientemente de sus ingresos”.
