El colectivo destaca el carácter participativo del borrador y confía en que el debate parlamentario permita ampliar derechos sin recortar el contenido del texto. En el otro lado de la balanza, algunas entidades feministas presentan alegaciones al texto
El proyecto de ley LGTBI del Principado de Asturias ha iniciado su tramitación parlamentaria después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado el texto, un paso que abre el proceso legislativo en la Junta General tras varios años de debate sobre la necesidad de una normativa autonómica específica. La futura ley pretende ampliar los derechos de las personas LGTBI y sus familias y reforzar las herramientas institucionales para combatir la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, destacó tras la aprobación que Asturias era hasta ahora la penúltima comunidad autónoma española sin una legislación de este tipo: “Esto va de derechos humanos y en derechos humanos nunca se retrocede ni un paso atrás en la ampliación y reconocimiento de derechos”, señaló, y defendió que la norma es fruto de años de diálogo con el movimiento asociativo.
Desde el movimiento asociativo, la aprobación del proyecto ha sido recibida como un primer paso tras un largo proceso de elaboración participada. África Preus, coordinadora de XEGA, explicaba a este medio que las organizaciones implicadas valoran positivamente que el texto haya llegado finalmente al Consejo de Gobierno después de más de dos años de trabajo conjunto entre colectivos y administraciones: “Estamos contentas de que por fin se haya aprobado en el Consejo de Gobierno. Es un primer paso de esta etapa después de este largo trabajo que ha habido de más de dos años”. Preus recordó que en la elaboración del borrador participaron diferentes organizaciones del movimiento LGTBI asturiano, como Llar Trans, Colibrís en Acción, Faciendo Camín o Xuntes y Diverses, junto a sindicatos y especialistas académicos, en un proceso coordinado desde la Dirección General de Diversidad Sexual.
“Ha sido un borrador consensuado y muy participativo”
La responsable de XEGA recuerda además que se trata de un texto «consensuado y muy participativo” que desarrolla en el ámbito del Principado los derechos ya recogidos en la legislación estatal: “No va a decir nada que no tenga que decir”. De cara al proceso parlamentario, el colectivo confía en que el debate se desarrolle con responsabilidad política y que permita mejorar la norma, «no solo ante la ciudadanía, sino ante el colectivo y sus familias”. Las organizaciones también esperan que el debate en la Junta General sirva para reforzar el contenido de la ley. “Nos gustaría que se enriqueciera con ese debate parlamentario. Desde luego no reducir nada de lo que hay, sino ampliarlo”, añade.
Los colectivos han anunciado además que seguirán de cerca el proceso legislativo y colaborarán con los grupos parlamentarios si es necesario para facilitar su tramitación. “Vamos a estar muy atentas a todo este proceso y accesibles a lo que necesiten para que salga adelante. Ya nos gustaría poder llegar al Orgullo con la ley aprobada, porque sería un gran hito conseguido, no solo para el colectivo sino para la ciudadanía de Asturias. Estamos hablando de derechos humanos”.
Desde el ámbito político, el coordinador autonómico de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, también valoró positivamente el inicio del trámite parlamentario: “Por los colectivos, por las personas LGTBI y sus familias, por el sufrimiento de años peleando una norma que garantiza los más básicos derechos humanos, solo podemos celebrar que por fin se inicie este trámite parlamentario”. No obstante, el dirigente morado advirtió de que el proceso legislativo podría verse condicionado por presiones políticas y sociales contrarias a la norma. “Ahora nos toca confiar en que ni el PSOE ni IU nos dejen tiradas con esta norma y sean capaces de resistir las presiones tránsfobas”. Y es que se debe recordar que todos los grupos con presencia en la Junta General, salvo Vox, han valorado favorablemente el inicio de una normativa autonómica, si bien algunas formaciones ya han avanzado que presentarán cambios al texto durante su paso por el Parlamento asturiano.
Críticas desde el feminismo
El proyecto también ha suscitado críticas desde algunos sectores del feminismo. Es el ejemplo de la filósofa asturiana Amelia Valcárcel, exconsejera de Educación del Principado, ha cuestionado recientemente algunos planteamientos vinculados a la teoría queer y a la legislación sobre identidad de género.
No ha sido la única crítica. Y es que varias entidades, entre ellas Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ASFEMAS, Rapiegas RadFem, la Asociación de Mujeres Progresistas “Sara Suárez Solís”, el Fórum de Política Feminista y la Tertulia Feminista Les Comadres, han emitido un comunicado solicitando al Parlamento asturiano que revise en profundidad en un documento de alegaciones en el que expresan su preocupación por el contenido del anteproyecto y por algunas de las implicaciones jurídicas y sociales que, a su juicio, podría tener su aplicación. Aunque defienden la necesidad de proteger a las personas LGTBI frente a cualquier forma de discriminación, sostienen que una regulación inadecuada podría tener efectos contrarios a los perseguidos. Entre sus críticas, las asociaciones señalan que el argumento de trasladar al ámbito autonómico el contenido de la legislación estatal no justificaría por sí solo la aprobación de una norma de estas características, especialmente cuando otras leyes relevantes no han sido desarrolladas en el mismo sentido en la comunidad.
El documento también plantea dudas sobre algunos conceptos recogidos en el anteproyecto, como el uso de términos relacionados con la identidad o la expresión de género, que, según las firmantes, podrían entrar en conflicto con el enfoque recogido en la normativa sobre igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, los colectivos muestran preocupación por el régimen sancionador contemplado en el texto, que podría afectar a personal funcionario, sanitario o educativo, y advierten de que el borrador parte en algunos casos de una presunción de discriminación por parte de la propia administración pública.
