Si el Principado quiere una narrativa de modernización, que la ancle en hechos: fiscalidad, energía, permisos, suelo y contratos
Conviene empezar por lo esencial: empresarios y sindicatos han pedido al Gobierno regional dejar de marear la perdiz y tomarse en serio la industria. ¿Qué reclaman? Tres cosas básicas: marco fiscal competitivo, energía a precios previsibles para la electrointensiva y una Administración que facilite (licencias, suelo, logística) en lugar de ralentizar. No es una revolución: es el mínimo para no perder otro tren.
Aquí aparece la contradicción de fondo. Asturias no cuenta con una Consejería de Industria independiente. La competencia está diluida junto a Ciencia y Empleo. Al frente, Borja Sánchez: perfil técnico solvente y discurso público crecientemente partidista. El problema no es que un consejero tenga posición política; el problema es confundir a la opinión pública vendiendo neutralidad técnica donde lo que hace falta es dirección política explícita: prioridades, elección de sectores, calendarios, presupuesto y evaluación.
La política industrial es política: supone elegir y renunciar. Asturias no puede esconderlo tras informes, mesas y palabros. Mientras tanto, el rumbo del Gobierno regional se resume en dos movimientos: pedir melifluamente a SEPI que mire con cariño a las ingenierías asturianas y aplaudir el desembarco de Indra en defensa. Defensa, sí; pero aprovechando lo existente: reforzar Santa Bárbara y su red de capacidades. Lo contrario —desmontar tejido local para acomodar el proyecto personal de un Escribano ajeno a Asturias— sería un error de primera magnitud.
Tres preguntas para no autoengañarnos:
- ¿Quién decide de verdad la industria asturiana: ¿el Principado o los despachos de Madrid?
- ¿Quién gana y quién pierde cuando se bendice un desembarco como el de Indra?
- ¿Quién responde si para hacerlo se desguaza lo que ya estaba?
Si queremos resultados, hacen falta seis decisiones concretas:
- Marco fiscal que compense desventajas geográficas y logísticas y atraiga inversión productiva real.
- Seguridad energética para electrointensivas: previsibilidad, contratos a largo, palancas de gestión de la demanda.
- Cadena de valor local: identificar polos y blindar proveedores críticos (mecánica, fundición, metalmecánica, electrónica).
- “Primero lo que ya funciona”: priorizar Santa Bárbara y capacidades instaladas antes de crear estructuras que las canibalicen.
- Administración facilitadora: ventanilla única, plazos vinculantes, suelo industrial llave en mano y una logística pensada para la exportación.
- Gobernanza con dientes: una unidad de proyecto que coordine políticas, ejecute presupuesto y rinda cuentas trimestralmente con indicadores públicos.
Nada de esto sucede por inercia ni por tecnicismo. Requiere política con coraje: elegir sectores (materiales avanzados, defensa con arraigo local, hidrógeno donde tenga sentido económico, digital-industrial donde haya músculo), descartar espejismos y comprometer recursos. La industria no vive de notas de prensa ni de visitas guiadas; vive de márgenes, de costes de energía, de logística y de proveedores fiables.
Asturias está a tiempo de ordenar su tablero. Si SEPI apoya, que sea para amplificar capacidades asturianas, no para sustituirlas. Si llega Indra, que integre el ecosistema y sume contratos a la cadena local, no que la vacíe. Y si el Principado quiere una narrativa de modernización, que la ancle en hechos: fiscalidad, energía, permisos, suelo y contratos.
Todo lo demás es decorado. Seamos claros: o hay política industrial de verdad —con prioridades, calendario y presupuesto— o habrá teatro. Y el público ya empieza a distinguir entre una fábrica en marcha y un escenario con luces bonitas.
