‘Stop Baterías’ denuncia que, un año después de que el Gobierno asturiano se comprometiese a dictar una ley al efecto, «el proceso todavía sigue en su fase de alegaciones»; la suspensión temporal de nuevas licencias expirará el septiembre
Si las cosas no cambian, y a una velocidad pasmosas, en apenas dos meses y medio Asturias podría tener sus puertas abiertas de par en par a la llegada masiva de los tan temidos parques de baterías. No en vano, será en septiembre cuando termine el periodo de vigencia de aquella suspensión de la concesión de nuevas licencias que el Principado, con carácter urgente, dictó hace un año. Semejante medida fue adoptada como una suerte de parche, una solución provisional hasta que se emitiesen unas directrices sectoriales que regulasen la instalación de tales centros de almacenamiento. Casi doce meses después… ¿Existe ese marco normativo? Pues no. Se lo espera, pero todavía no está. Y esa es la razón por la que este lunes la Plataforma ‘Stop Baterías’ ha vuelto a alzar la voz, indignada por la demora en la tramitación del futuro reglamento y, también, por los criterios recogidos en él para determinar qué proyecto de parque merece convertirse en realidad, y cuál no. Criterios, por cierto, que ya han motivado múltiples alegaciones.
«El Gobierno asturiano va con retraso», afean en ‘Stop Baterías’, temerosos de que llegue septiembre y, en ausencia de suspensión temporal y de marco normativo e firme, el camino para la llegada de parques quede expedito. La cantidad de los mismos pone los pelos de punta en la Plataforma… Según datos oficiales aportados por el Principado, habría medio centenar de propuestas sobre la mesa, de un total de solicitudes que alcanzó la friolera de 170. De esos cincuenta proyectos, una decena estaría muy encarrilada, con buena parte de sus trámites preliminares -autorizaciones administrativas previas, informes de impacto ambiental…- ya completada, y podrían materializarse en lugares tan dispares como La Corredoria, en Oviedo; Meres y Argüelles, en Siero; Lloreda, en Gijón, o Trasona, en Corvera, si no se les corta el paso a tiempo. De ocurrir tal cosa, serían los primeros en firme activos en la región, toda vez que, en estos momentos, únicamente está operativo un contenedor aislado de almacenamiento de baterías en Campo de Caso. El mismo que, hace un mes, dio un susto a los vecinos -«está a treinta metros de unos adosados»- al recalentarse y obligar a movilizar a los servicios de emergencias.
Una norma desajustada a la realidad
Evitar un escenario en el que los parques puedan proliferar es la prioridad de ‘Stop Baterías’, desde luego. Pero no a cualquier precio. Y es ahí donde comienza el segundo foco de malestar. Porque en julio de 2024 la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) recomendó que los parques de baterías no debían levantare a menos de un kilómetro de núcleos rurales y residenciales, y de 500 metros respecto a viviendas aisladas y explotaciones ganaderas. Sin embargo, explican, las directrices sectoriales con las que juega el Principado «dividen la región en un ‘Radio Base de Viabilidad’, un círculo concéntrico de hasta cinco kilómetros alrededor del nudo de conexión, donde se considera que la construcción de un proyecto es factible, y un ‘Radio de Excepcionalidad’, en el que no lo es». En la práctica, alertan desde la Plataforma, eso significa «utilizar el criterio de viabilidad económica de los proyectos para delimitar las zonas donde se podrán colocar, o no», algo totalmente contrario a la recomendación de la CUOTA.
Por si fuese poco, en ‘Stop Baterías’ tampoco están de acuerdo con la catalogación de suelos preferentes hecha por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT), que prioriza los urbanos y urbanizables de uso industrial, minero o energético; los espacios degradados y los suelos contaminados no urbanizables como los más apropiados. Un criterio que «no debe ser elevado a verdad absoluta», y que, opinan, debería abrir la posibilidad de que «las partes interesadas puedan presentar pruebas legales para cuestionar dicho inventario». A ese respecto, en la Plataforma defienden a capa y espada que «las nuevas plantas deberían situarse, con carácter general, a más de dos kilómetros de otras infraestructuras energéticas o mineras». Y, no menos importante, abogar por «reforzar el papel de los Ayuntamientos, y robustecer las herramientas a su alcance, para que las licencias respondan a los criterios de protección del territorio y de la seguridad de las personas».
