La escalada de violencia en Sograndio pone al límite a los trabajadores de seguridad

Los sindicatos aseguran que las agresiones son cada vez más frecuentes y exigen medidas urgentes para evitar paros

Los sindicatos CSIF y Usipa, que conforman la mayoría del comité de empresa de Asepro Seguridad, han denunciado la “angustiosa” situación que atraviesa el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, tras el último incidente registrado en las instalaciones, en el que tres vigilantes de seguridad habrían resultado agredidos y precisado asistencia médica.

A través de una nota de prensa difundida este martes, ambas organizaciones sindicales aseguran que el episodio supone “la gota que colma el vaso” en un contexto marcado, según denuncian, por el incremento de las agresiones y la creciente conflictividad dentro del centro. Bajo el lema “¡Basta ya!”, los representantes de los trabajadores advierten de que, si no se adoptan medidas urgentes de manera inmediata, no descartan la convocatoria de un paro general en los próximos meses para defender la integridad física de la plantilla y sus derechos laborales.

Los sindicatos critican además la “pasividad” de las autoridades ante una situación que consideran insostenible y alertan de una “total deriva” en el funcionamiento de las instalaciones. A su juicio, el nivel actual de conflictividad impide a los educadores desarrollar con normalidad su labor diaria, reduciendo al mínimo las posibilidades de llevar a cabo una verdadera tarea educativa y de reinserción.

CSIF y Usipa sostienen que el modelo actual está fracasando y que los vigilantes de seguridad se han visto obligados a asumir de forma continua funciones de contención de incidentes violentos. Según indican, el número de intervenciones relacionadas con episodios de violencia se ha incrementado de manera notable en los últimos tiempos, aumentando la presión sobre los profesionales encargados de garantizar la seguridad del centro.

Entre las causas de esta situación, los sindicatos señalan la masificación de las instalaciones. Según explican, el centro se encuentra prácticamente al límite de su capacidad, con cerca de 60 internos, algunos de ellos próximos a los 20 años de edad. Esta circunstancia, afirman, incrementa considerablemente la complejidad de la gestión diaria y los riesgos asociados a la seguridad interior.

A ello se sumaría, según denuncian, el incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad. Los representantes sindicales aseguran que “la mayoría de los días” existen puestos de vigilancia sin cubrir, una situación que, a su entender, deja desprotegidos tanto a los trabajadores como a los propios internos.

La falta de personal obliga, según exponen, a que los vigilantes presentes asuman una carga de trabajo y unos riesgos físicos superiores a los previstos. Además, consideran inadmisible que se desarrollen actuaciones de elevada complejidad con plantillas reducidas, sin habitaciones de contención adecuadas, sin medios materiales suficientes y sin la cobertura jurídica necesaria.

Las organizaciones también denuncian que buena parte de los vigilantes, incluidos trabajadores de reciente incorporación, quedan excluidos del cobro del denominado plus de peligrosidad Sograndio. Asimismo, critican lo que califican como una “manipulación” de conceptos salariales en las nóminas por parte de la empresa.

Por último, CSIF y Usipa lamentan que las distintas instituciones a las que han trasladado reiteradamente sus reclamaciones no hayan dado respuesta a sus demandas. Los sindicatos insisten en que la violencia existente, la masificación del centro y la falta de cobertura de los puestos de seguridad están comprometiendo tanto las condiciones laborales de la plantilla como el propio funcionamiento del centro.