La vicepresidenta del Principado considera «fundamental» garantizar la protección de los niños que están en la ciudad, y carga contra los Ejecutivos de Aragón, Castilla y León y Extremadura, gobernados por PP y Vox y que no acudieron a al encuentro

Pudo haber sido un desastre; la ausencia de representantes de Aragón, Castilla y León y Extremadura, comunidades todas gobernadas por el PP y Vox en coalición, amenazaba con ello. Pero, finalmente, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada ayer cumplió su misión. En un encuentro entre el Ejecutivo central y los de las demás regiones de la nación, los participantes acordaron invertir hasta veinticinco millones de euros en prestar asistencia a los menores migrantes que aún se encuentran en Ceuta, remanentes del cruce masivo ocurrido del 30 al 31 de julio, durante el cual unas 80.000 personas pasaron a nado de Marruecos a la ciudad autónoma. Y aunque, previamente, el PP había expresado su preferencia por no reubicar a esos mismos menores en otras comunidades, alegando que debían permanecer junto a sus familias, y pese a que la decisión final sobre dicha reubicación se halla ahora en manos del presidente ceutí, el ‘popular’ Juan Jesús Vivas, horas después de acabada la reunión varios de los participantes celebraban el resultado. Entre ellos, la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo.
«La primera opción es esa reagrupación con sus familias en los países de origen, que tienen ciertas dificultades», afirmó la vicepresidenta del Principado una vez acabada la cita, a la que concurrió de forma telemática. Será una vez se valore ese aspecto cuando «se articularán todas las medidas» a aplicar, entre las que se valora el traslado a la Península de unas quinientas niñas y adolescentes, debido al riesgo que su presencia en Ceuta puede entrañar para su propia seguridad. Claro, que esa opción no se aprobará, o descartará, hasta un próximo encuentro entre los dirigentes autonómicos y el Gobierno central. Será en él, detalló ayer, Llamedo, donde se podrá concretar con mayor precisión «cuál es la situación», «cuáles son las necesidades», y «cuáles son las propuestas que hace el Gobierno de España para esa posible acogida por parte de las comunidades autónomas». Sobre ese particular, durante la sesión de la Conferencia la ministra de Infancia y Adolescencia, Sira Rego, trató de aplacar la inquietud de los gobernantes escépticos recordando que, en caso de una acogida, hay disponibles recursos privados para dar cobijo a dichos menores, sin necesidad de valerse de los de la regiones en cuestión.
No obstante, en las palabras de Llamedo tampoco faltó cierta crítica a conducta de los Ejecutivos aragonés, castellanoleonés y extremeño, a los que todavía hoy no pocas voces acusan de haber intentado deliberadamente torpedear la reunión. Incluso abundan quienes acusan a sus respectivos presidentes, todos del PP, de plegarse ante la voluntad de Vox. Sin llegar a tales extremos, la vicepresidenta asturiana sí les ha afeado que atajar un problemática como la que acosa a Ceuta «requiere de colaboración, que requiere de trabajo conjunto entre las Administraciones; máxime a tenor de que, en su opinión, garantizar la protección de los niños que están en la ciudad es una labor «fundamental». De ahí que Llamedo finalizase su valoración con un llamamiento «a la responsabilidad en los discursos institucionales», con el fin último de evitar «seguir alimentando el odio y el rechazo en una situación tan excepcional como ésta».