Indignación en la Policía Nacional de Avilés: liberan a los agresores de varios agentes apenas 24 después de su arresto

JUPOL expresa su indignación ante la puesta en libertad de cuatro implicados mientras tres agentes siguen de baja por lesiones sufridas durante la intervención

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha manifestado su «profunda indignación» por la decisión que permitió la puesta en libertad de cuatro personas detenidas en Avilés tras una pelea en un local del barrio de Sabugo, en la que, según indican, agredieron a dos patrullas policiales. Según el sindicato, los detenidos quedaron en libertad apenas 24 horas después de su arresto, mientras que tres agentes continúan de baja laboral por las lesiones sufridas durante la intervención. No obstante, conviene precisar que, según confirman fuentes judiciales oficiales, no existió decisión judicial alguna que motivase esa puesta en libertad, hasta el punto de que al Juzgado de Guardia de Avilés solo llegaron los partes de lesiones, no los atestados, ni tampoco los arrestados pasaron a disposición judicial. La decisión, por tanto, fue tomada por agentes adscritos a la mencionada comisaría.

Pasando por encima de ese último dato, JUPOL calificó de «absolutamente inaceptable» que quienes atacan directamente a policías en el ejercicio de sus funciones no enfrenten consecuencias inmediatas y proporcionales, y advirtió de que la situación genera frustración y desmoralización entre los agentes. El sindicato señaló que este tipo de incidentes evidencia una «grave erosión del principio de autoridad», y transmite un mensaje de impunidad a la sociedad, poniendo en riesgo tanto a los policías como a la seguridad ciudadana.

Además, y siempre ignorando el que hecho de que los detenidos no fuesen llevados ante la Judicatura, JUPOL reclamó un endurecimiento legislativo que refuerce la protección penal de los agentes y garantice penas proporcionales a la gravedad de los delitos. Finalmente, el sindicato también solicitó al Gobierno un reconocimiento efectivo de la Policía Nacional, que incluya protección legal, respaldo político, medios adecuados y garantía de la dignidad profesional de los funcionarios.