La Plataforma Stop Baterías Asturias critica que el Gobierno del Principado autoriza instalaciones a escasos metros de núcleos residenciales, pese a reconocer riesgos de incendio y explosión
La Plataforma Stop Baterías Asturias ha vuelto a alertar este jueves sobre la autorización de nuevos parques de baterías en proximidad inmediata a viviendas en Asturias. Según el colectivo, las decisiones del Gobierno del Principado reflejan una “renuncia a preservar la seguridad de los habitantes de las zonas aledañas” a estas instalaciones, tal como declaraba en junio de 2024 el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. El colectivo también critica que “el gobierno del Principado no está teniendo en cuenta una distancia de seguridad entre estas instalaciones y las poblaciones” y señala que la suspensión de autorizaciones en suelo no urbanizable “queda restringida a este tipo de suelo, y la definición de esas distancias, si es que llega a producirse, sigue siendo una incógnita”.
En el caso del proyecto BESS Hornero ST 1 (una de las tres instalaciones de almacenamiento de energía con baterías (BESS) propuestas por Atlántica Energía Sostenible en la zona de Los Arenales, en Oviedo), la autorización establece medidas de seguridad que incluyen que “se tratará de maximizar las distancias entre las viviendas del entorno y los contenedores de baterías y cualquier equipo susceptible de generar riesgos o ruidos, se mantendrán las distancias suficientes con las instalaciones colindantes, para evitar, en caso de incendio, la propagación del fuego, se instalarán muros cortafuegos que permitan sectorizar las instalaciones en distintas áreas de incendio, se dispondrán las medidas necesarias para evitar que un incendio pueda afectar a las masas forestales próximas, los módulos dispondrán de los sistemas de prevención y protección frente a riesgo de incendios y explosión indicados y cumplirán los estándares técnicos que se señalan”.
Sin embargo, la Plataforma Stop Baterías Asturias cuestiona que, pese a estas recomendaciones, no exista una normativa que obligue a respetar distancias mínimas de seguridad para proteger a la población, “independientemente del tipo de suelo donde se construyan las instalaciones”. Según el colectivo, esta situación genera “distintos niveles de protección de la población, según el tipo de suelo donde vivan, o el tipo de suelo donde se construyan las instalaciones de baterías”, lo que consideran “inadmisible y, muy probablemente, ilegal”. El grupo hace un llamamiento a que se definan criterios claros y obligatorios para la construcción de parques de baterías, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y reducir los riesgos asociados a incendios, explosiones y posibles impactos ambientales.
