PP y Foro reclaman explicaciones al Gobierno asturiano después de que el Principado descartase el inmueble por razones técnicas y jurídicas y trasladase el expediente a la Fiscalía
El proyecto para instalar un recurso de acogida para menores tutelados en un piso de La Florida, en Oviedo, vuelve a situarse en el centro del debate político tras la decisión del Gobierno asturiano de descartar finalmente el inmueble y remitir a la Fiscalía la documentación relacionada con el expediente, que ha llevado al PP y a Foro Asturias a reclamar explicaciones sobre las circunstancias que rodearon la elección de la vivienda y sobre una posible vinculación entre la propiedad y un responsable del área de Infancia del Principado.
Las formaciones de la oposición han planteado si detrás de las denominadas «razones técnicas y jurídicas» esgrimidas por el Ejecutivo para abandonar el proyecto podría existir un posible conflicto de intereses o incluso responsabilidades de mayor alcance. En todo caso, por el momento no existe una conclusión judicial que determine que haya habido corrupción y corresponde a la Fiscalía analizar si los hechos pudieran tener relevancia jurídica. La polémica se remonta a mediados de agosto, cuando el Principado comenzó a estudiar distintas alternativas para trasladar a Oviedo a parte de los menores atendidos hasta entonces en un recurso de Avilés. La Florida apareció entre las opciones y, posteriormente, el Gobierno confirmó que el inmueble podía acoger inicialmente a ocho menores, con capacidad para llegar a unas quince plazas.
El proyecto generó desde el principio oposición entre parte de los vecinos del barrio, que reclamaron información y cuestionaron la elección del emplazamiento. El debate se intensificó durante las semanas siguientes hasta que el Gobierno autonómico anunció este lunes que finalmente descartaba el inmueble. La nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, atribuyó la decisión a «razones técnicas y jurídicas» y señaló que se buscaría otra ubicación para el recurso.
El expediente acaba en Fiscalía
La situación dio un nuevo giro cuando el Gobierno asturiano confirmó que había trasladado a la Fiscalía la documentación relacionada con el inmueble. El portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, explicó este jueves que la decisión se tomó después de tener conocimiento de una vinculación familiar entre la propiedad de la vivienda y un alto cargo del Principado relacionado con el área de Infancia: «En cuanto tuvimos constancia de esa vinculación, lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía», afirmó Peláez, quien señaló que corresponde ahora al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades.
El Gobierno sostiene así que actuó al conocer la posible relación y que será la Fiscalía la que deberá determinar si existe alguna irregularidad con relevancia jurídica. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de preservar la privacidad de los menores tutelados. Peláez recordó que la información relativa a sus domicilios tiene carácter reservado y privado y que cualquier traslado deberá tramitarse mediante el correspondiente expediente administrativo por parte de la entidad encargada de gestionar el recurso.
El PP pregunta quién decidió elegir el inmueble
El Partido Popular ha reclamado al presidente del Principado, Adrián Barbón, que ofrezca explicaciones políticas al margen de la investigación que pueda realizar la Fiscalía. La diputada autonómica Beatriz Polledo considera necesario determinar quién propuso el inmueble, qué informes se solicitaron antes de plantearlo como recurso para menores y quién autorizó que se avanzara con la opción de La Florida. También reclama conocer si se comprobó previamente la posible existencia de un conflicto de intereses.
El PP había registrado ya una pregunta en la Junta General para conocer si existía algún vínculo familiar entre los responsables de la sociedad propietaria del inmueble y algún funcionario de la Consejería de Derechos Sociales. Polledo sostiene que el traslado del expediente a la Fiscalía no resuelve las cuestiones políticas que, a su juicio, debe responder el Gobierno. La parlamentaria reclama que se haga público el procedimiento seguido y que se determine si los controles administrativos funcionaron correctamente. Desde el PP también se cuestiona el cambio de criterio del Ejecutivo en apenas unas semanas: de presentar La Florida como una ubicación adecuada y defender públicamente la integración de los menores a descartarla posteriormente por motivos técnicos y jurídicos.
Foro pide aclarar qué había detrás de las «razones técnicas y jurídicas»
En términos similares se ha pronunciado el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. El parlamentario ha reclamado a Barbón y a la consejera Nerea Monroy que aclaren qué ocurrió con el inmueble, quién intervino en su elección y cuándo tuvo conocimiento la Administración de las circunstancias que ahora han provocado que el expediente llegue a Fiscalía. Pumares ha puesto el foco precisamente en las razones utilizadas para abandonar el proyecto y ha preguntado si cuando el Ejecutivo hablaba de motivos «técnicos y jurídicos» estaba haciendo referencia a la posible existencia de un caso de corrupción.
El dirigente de Foro considera necesario conocer qué controles se realizaron durante la tramitación y cómo pudo avanzar la propuesta si ya existían circunstancias relacionadas con la propiedad que, posteriormente, fueron consideradas suficientemente relevantes como para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Foro también distingue entre las responsabilidades que pueda determinar la Justicia y las responsabilidades políticas que, a su juicio, debería asumir el Ejecutivo autonómico.
