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El TSJ abre la batalla judicial contra la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Paula G. Lastra por Paula G. Lastra
18/02/26
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El tribunal admite a trámite el recurso presentado por Vox contra la ordenanza municipal, en vigor desde enero, que regula la ZBE en la ciudad

Sonsoles Peralta en la sede de Vox en Oviedo. / Cedida

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo entra de lleno en el terreno judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJ) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Grupo Municipal de Vox contra la ordenanza que regula esta medida, activa desde el 1 de enero de 2026. La formación considera que la normativa limita la movilidad de los ciudadanos y cuestiona tanto su justificación ambiental como su proporcionalidad. La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, sostiene que la decisión del alto tribunal supone “un paso importante” en el intento de anular la ordenanza y defiende que existen “dudas razonables” sobre su encaje legal.

El recurso se apoya, según explica el partido, en la supuesta falta de informes técnicos concluyentes que acrediten la necesidad de implantar la ZBE en la capital asturiana, así como en el carácter intrusivo del sistema de control previsto, basado en cámaras de vigilancia y restricciones automatizadas al tráfico según la clasificación ambiental de los vehículos. Desde el grupo municipal argumentan que la medida penaliza especialmente a quienes no pueden asumir el coste de renovar su vehículo y alertan de un posible impacto negativo en comercio, hostelería y turismo. Además, recuerdan que ya presentaron alegaciones durante la tramitación de la ordenanza, que fueron rechazadas por el equipo de gobierno.

El partido liderado a nivel estatal por Santiago Abascal, enmarca su iniciativa judicial en un contexto nacional en el que distintos tribunales han anulado Zonas de Bajas Emisiones en otros municipios, una circunstancia que, a su juicio, refuerza la viabilidad de su recurso. La admisión a trámite no implica la suspensión automática de la ordenanza, pero abre un proceso judicial que podría prolongarse durante meses y que añade presión política sobre una de las medidas más controvertidas del actual mandato municipal.

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