El sindicato que representa a parte de la Policía Local acusa al Ayuntamiento de que limitar la plaza a integrantes del subgrupo A1 introduce «una desigualdad evidente» frente a aspirantes procedentes de otros cuerpos o Administraciones
Una nueva ‘guerra’ ha estallado entre el Ayuntamiento de Siero y el Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA), que representa a parte de la plantilla de dicho cuerpo en el concejo. Y es casus belli no ha sido otro que el reciente anuncio, hecho por el alcalde Ángel ‘Cepi’ García, de que será un «militar en activo» quien ejerza como próximo comisario, al haber sido el único de los dos aspirantes al puesto que cumplió con todos los requisitos impuestos en la convocatoria. Es ahí donde se halla el detonante de la última acción del SIPLA. Porque la organización sindical ha interpuesto una demanda judicial contra el procedimiento de provisión de la plaza, al entender que las exigencias planteadas durante el proceso «vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública».
Tal como afirman representantes del SIPLA, la convocatoria introducía, de manera «restrictiva», la exigencia de pertenecer al subgrupo A1, la máxima categoría de clasificación profesional para funcionarios en la Administración española. Y eso, pese a que dicha condición «no figura en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) correspondiente al puesto convocado». Para el sindicato, la consecuencia es obvia: numerosos mandos de la Policía Local, a pesar de tener en sus hojas de servicio dilatadas trayectorias y la titulación académica requerida, quedaron excluidos de entrada, cosa que no ocurrió con aquellos potenciales pretendientes procedentes de cuerpos al servicio del Estado, como la Policía Nacional, la Guardia Civil o las Fuerzas Armadas. Semejante condición, profundizan, implicó una «desigualdad evidente» impropia de un proceso así.
Por si fuese poco, en el seno de SIPLA se han disparado todas las alarmas ante la «preocupante rapidez» con que se hizo pública la elección del nuevo comisario, hecha ayer por el propio regidor. No en vano, el anuncio se hizo «sin que conste públicamente una valoración objetiva, transparente y motivada de los méritos, la experiencia profesional y las capacidades de los aspirantes». Para colmo, no es algo totalmente nuevo… En la organización autora de la demanda recuerdan que ya se había advertido públicamente, desde la emisión de las bases, que los requisitos establecidos «parecían diseñados de manera muy concreta para favorecer un determinado perfil profesional ajeno a la Policía Local» y, más concretamente, para facilitar que fuese «un perfil de procedencia militar» el que se convirtiese en el nuevo comisario.
