Derechos Sociales abre una investigación interna sobre el proceso y busca ahora otro emplazamiento para los ocho menores, después de descartar el inmueble por las dudas técnicas y jurídicas planteadas
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha remitido a la Fiscalía toda la documentación relacionada con el proceso para trasladar a ocho menores no acompañados desde el recurso que ocupan actualmente en Avilés a un inmueble situado en el paseo de La Florida, en Oviedo. El departamento autonómico ha abierto además una investigación interna para esclarecer cómo se desarrolló la tramitación administrativa y determinar, en su caso, si existen responsabilidades.
La decisión llega después de varios días de polémica en torno al inmueble y a su posible utilización como recurso residencial para los menores. La nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, que tomó posesión el pasado lunes 31 de agosto, descartó ese mismo día el piso de La Florida como emplazamiento al considerar que presentaba dudas de carácter técnico y jurídico. El traslado de los menores finalmente no llegó a producirse y, según precisa el Principado, tampoco se formalizó el alquiler del inmueble. La contratación habría correspondido en último término a la Fundación Diagrama, entidad encargada de la gestión del recurso, y no directamente a la Consejería.
Ahora, Derechos Sociales ha decidido poner toda la documentación a disposición del Ministerio Fiscal. La medida parte de un informe elaborado por la Secretaría General Técnica que revisa la actuación administrativa desarrollada y aborda distintas cuestiones relativas a las condiciones del inmueble y a la viabilidad de su utilización. Entre los aspectos recogidos en ese informe figura también la existencia de una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble. El Principado considera necesario que sean los órganos competentes los que valoren las circunstancias concurrentes y determinen si procede adoptar algún tipo de actuación.
Un inmueble rodeado de dudas
La decisión de trasladar el expediente a Fiscalía se conoce después de que La Nueva España publicase información sobre la situación registral del piso. Según este periódico, la finca acumula hasta seis anotaciones de embargo vinculadas a diferentes organismos y entidades, entre ellas la Tesorería General de la Seguridad Social, los Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo. Las cargas, según la información publicada por el diario, superarían conjuntamente los 186.000 euros. Entre ellas figura un embargo de los Servicios Tributarios del Principado por una deuda de 9.282 euros, anotado en 2022 y prorrogado posteriormente, así como varias anotaciones de la Seguridad Social. La de mayor cuantía correspondería a una deuda de 117.805 euros anotada en junio de 2025.
Otro de los elementos que ha rodeado el proceso es la existencia de una relación familiar entre la propiedad del inmueble y un responsable del área de Infancia de la Consejería. Según la información difundida, los vecinos habían trasladado la existencia de vínculos familiares de primer grado entre la sociedad propietaria, García Villamil SL, y un funcionario con responsabilidad directiva en el área encargada de las políticas de infancia. El propio Principado incorpora ahora esta circunstancia al informe remitido a Fiscalía para que sea valorada dentro del conjunto de hechos relacionados con la tramitación.
La vivienda había generado además rechazo entre parte del vecindario de La Florida, que cuestionaba su utilización como recurso residencial para menores no acompañados y había planteado dudas sobre la compatibilidad del uso con los estatutos de la comunidad. El inmueble había albergado anteriormente una residencia de mayores.
