El Gobierno asturiano discrepa de la absolución por detención ilegal y mantiene que la situación de aislamiento de los menores debe ser tenida en cuenta
El Gobierno del Principado de Asturias ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron a sus tres hijos en un chalé de Fitoria, en el conocido caso de la denominada “casa de los horrores”. El Ejecutivo autonómico fundamenta su decisión en su desacuerdo con la absolución del delito de detención ilegal, al considerar que las circunstancias de encierro prolongado de los menores deberían haber sido valoradas dentro de esa tipificación penal.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, confirmó la presentación del recurso y explicó que el Gobierno no comparte el criterio del tribunal en este punto: “Vamos a recurrir porque no compartimos que la Audiencia no haya tenido en cuenta el delito de detención ilegal”. La sentencia impone a cada progenitor una pena de dos años y cuatro meses de prisión por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, además de seis meses adicionales por abandono de familia, lo que suma un total de dos años y diez meses de condena. Asimismo, establece una indemnización de 30.000 euros para cada menor.
La resolución judicial también contempla la inhabilitación de los progenitores para el ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda durante tres años y cuatro meses, así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de los menores, su domicilio o sus centros educativos. En relación con la situación actual de los tres hermanos, la consejera ha indicado que permanecen en acogimiento residencial y que su evolución está siendo progresiva tras los años de aislamiento sufrido: “Están haciendo una vida normal, conviven con otros niños y están escolarizados”. Del Arco añadió que la recuperación de los menores está siendo lenta debido a las circunstancias vividas, aunque avanzó que “van evolucionando despacio”, en referencia al proceso de adaptación que atraviesan tras su intervención por parte de los servicios sociales y las fuerzas de seguridad.
