«¿Por qué un “concurso” restringido a figuras de renombre internacional? La respuesta es evidente. No se buscaba la mejor idea, sino el mejor envoltorio. Se ha diseñado un proceso donde el criterio no es la calidad de la propuesta, sino la notoriedad del autor, y se pretende coartar cualquier planteamiento incómodo a la idea preconcebida»
Pido de antemano disculpas por no recurrir a ese hábito tan extendido de disfrazar nuestras propias realidades con anglicismos de apariencia sofisticada. Bien podríamos hablar de “lavado arquitectónico”, pero ya que la terminología se ha asentado, hablaré del archiwashing para entendernos: esa práctica por la cual la arquitectura (o más bien su representación) se utiliza como herramienta de legitimación, maquillaje o distracción frente a decisiones políticas previamente tomadas. No es algo nuevo. Se emparenta directamente con el conocido greenwashing, donde se simula un compromiso ambiental inexistente, y no deja de ser una concreción del también conocido artwashing, que instrumentaliza la cultura para blanquear operaciones urbanas o económicas. En todos los casos, el mecanismo es el mismo: envolver de prestigio algo que, en esencia, responde a otros intereses.
Conviene recordar algo que a veces se pretende ocultar bajo capas de discurso técnico: la arquitectura y el urbanismo han estado siempre íntimamente ligados a la política. Desde el origen de la trasformación del territorio, no ha existido intervención alguna que no implicase una toma de posición sobre cómo queremos vivir, quién decide y quién se beneficia. Cada calle trazada, cada edificio levantado, cada espacio público transformado o protegido es, inevitablemente, un acto político. No existe intervención urbana que no sea política y, por lo tanto, se pueden llenar páginas y páginas con ejemplos. Así que, para no alargar hasta el infinito, me centro en exclusiva en lo que defendía William Morris: quienes intervienen en el diseño del territorio tienen una responsabilidad ética ineludible.
Y es precisamente desde esa perspectiva desde la que debemos observar lo que está ocurriendo en el llamado (y permítaseme acuñar la expresión) “Postureo de Infografías de La Vega”. Porque lo que se presenta como un concurso de ideas dista mucho de serlo. La idea, en realidad, ya está definida desde hace años en un convenio, pergeñado en un despacho de Madrid, que solo hace falta leer con detenimiento para entender el desenlace: un reparto de suelo donde el ministerio traduce sus aprovechamientos en un millar de viviendas y un aparcamiento subterráneo; el Principado se asegura (pagando) la nave de cañones; el resto se pretende regalar a intereses económicos privados; y las y los carbayones asumimos las decenas de millones de euros de urbanizar y rehabilitar. Todo ello introduciendo otras ocurrencias como atravesar por una vía de alta capacidad el conjunto industrial o reducir los espacios verdes incluidas las consolidadas como el parque de Ángel Cañedo (por solo citar las más esperpénticas).
Aquí no hay búsqueda de consenso ni debate real sobre el futuro del territorio. Lo que hay es una operación de propaganda. Se necesitan imágenes atractivas, firmadas por nombres reconocibles, que aporten ese barniz de prestigio capaz de legitimar una decisión ya tomada. Imágenes que, casualmente, llegarán en tiempos preelectorales oportunos. Se omite, sin embargo, lo evidente: que antes de cualquier intervención deberían realizarse procesos imprescindibles previos como estudios arqueológicos (seguimos, por increíble que parezca, sin saber si hay o no un palacio prerrománico enterrado debajo), catalogaciones del patrimonio existente, modificaciones del planeamiento vigente y los derivados procesos de participación pública legalmente exigidos. Nada de eso parece importar, ni el hacerlo de forma rigurosa ni los plazos para ello, cuando lo prioritario es construir un relato visual convincente.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿por qué un “concurso” restringido a figuras de renombre internacional? La respuesta es evidente. No se buscaba la mejor idea, sino el mejor envoltorio. Se ha diseñado un proceso donde el criterio no es la calidad de la propuesta, sino la notoriedad del autor, y se pretende coartar cualquier planteamiento incómodo a la idea preconcebida. Un filtro basado en la fama que, en la práctica, excluye a la inmensa mayoría de los profesionales limitando enormemente la competencia (no había estudio en Asturias y contados con los dedos de una mano en España que pudieran presentarse directamente, sin utilizar la recurrente triquiñuela de participar bajo el paraguas de otros). Y para mí es grave esto, pues estoy plenamente convencido de que solo en Asturias hay personas que aportarían propuestas más interesantes, con mucho más cariño, implicación y dedicación; en definitiva, mejores que las que puedan aportar cualquiera de los cuatro arquitectos que se han presentado (por muchos premios o años como catedráticos universitarios tengan a sus espaldas). Y, dado que exigía la posesión de premios nacionales e internacionales, reproduce desigualdades evidentes: en un campo donde el reconocimiento histórico ha sido abrumadoramente masculino, exigir trayectorias al alcance de unos pocos nombres consolidados reduce aún más la diversidad de voces. Sirva como ejemplo que apenas en torno al 10 % de las personas galardonadas con el Premio Pritzker de arquitectura han sido mujeres (y, de ellas, solo en dos ocasiones no lo han tenido que compartirlo con hombres, y no pierdo la oportunidad de visibilizar el vergonzoso caso de Denise Scott Brown excluida del galardón pese a compartir el despacho y autoría de las obras con su marido), lo que ilustra hasta qué punto este tipo de criterios perpetúa un sesgo estructural.
No sorprende, por tanto, que ni siquiera se haya alcanzado el número mínimo de participantes en la primera fase. Tampoco sorprenden ciertos nombres en los órganos de decisión, ni las sombras de conflictos de intereses que planean sobre el proceso. No queda bien que la figura de relevante prestigio escogida (cuya función es dar una impresión de imparcialidad) sea la misma que tiene intereses empresariales en la ciudad; que los dos principales cargos del tribunal sean puestos políticos; o que los tres restantes sean dependientes jerárquicos de los mismos: todo ello hace desconfiar del proceso. Si a eso además lo sazonamos con que a la Consejería de Cultura (la otra administración competente y decisoria) no se le haya dado vela en el entierro o que no se invite a ningún otro agente que pudiera aportar un halo de imparcialidad, pues, por lo poco (y no decir cosas más graves), da muy poca confianza al procedimiento. En este contexto, resulta destacable la reacción del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, que ha alzado la voz en defensa de las personas colegiadas, de las que están en otros colegios (de otras comunidades e incluso las personas colegiadas en los de Ingenieros de Caminos) y, sobre todo, de la dignidad misma de la disciplina. Porque lo que está en juego no es un proyecto concreto, sino la forma en que decidimos nuestro futuro colectivo. Si verdaderamente nos creemos que los procesos urbanísticos sean justos y democráticos o dejamos que los mismos sean solo, formal y/o estéticamente, una pantomima.
Más preocupante es el silencio de otros actores que históricamente han tenido un papel activo en estos debates. Y, sobre todo, inquieta, y mucho, el mutismo de la administración competente en materia cultural y patrimonial, que debería recordar, antes de que sea demasiado tarde, que cualquier intervención sobre un conjunto con valor patrimonial requiere su obligada supervisión y autorización. La experiencia demuestra, incluso en algunas recientes como el caso de la Fábrica de Gas de Oviedo/Uviéu, que cuanto más tarden en alzar la voz, el incremento de la presión para eliminar, destruir, mutilar o dejar caer elementos de indiscutible valor patrimonial en favor de intereses especulativos irá en aumento.
Todo ello dibuja un escenario donde el archiwashing no es una abstracción teórica, sino una práctica tangible. Un proceso en el que la arquitectura deja de ser una herramienta al servicio de la sociedad para convertirse en un instrumento de legitimación política. Donde las imágenes sustituyen al debate, y el prestigio mediático reemplaza al rigor técnico y ético.
El asumir reiteradamente y naturalidad este tipo de prácticas es un error. Recordemos que gracias al mismo procedimiento, de estrella internacional de la arquitectura que avalaba la propuesta, tenemos en la ciudad un «Centollu Albino Gigante», que aparte de estar siempre en el podio en las listas de edificios más feos del mundo, es disfuncional y utilitariamente un desastre y nos dejo un inmenso pufo en las arcas municipales. Porque, al final lo que está en juego es la honestidad con la que tratamos a nuestro territorio y patrimonio. Y esto, como ya advertía Morris, no debería estar nunca en venta.
