Ambos partidos han expresado sus críticas ante lo que consideran una falta de compromiso con la protección de elementos históricos del recinto, en favor de intereses privados
La conservación del patrimonio industrial en la antigua Fábrica de Gas de Oviedo ha generado un nuevo enfrentamiento político en el Ayuntamiento. Representantes de Vox y del PSOE en la ciudad han expresado sus críticas al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli (PP), por lo que consideran una falta de compromiso con la protección de elementos históricos del recinto, en favor de intereses privados. Así, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha solicitado formalmente que el Ayuntamiento inste a la empresa propietaria, Camín de la Victoria S.L., a presentar en el plazo de un mes un proyecto de intervención para proteger y consolidar elementos catalogados con protección integral, como la marquesina de hormigón armado, el horno de ladrillo y la escalera de caracol. Peralta ha recordado que la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias establece la obligación municipal de actuar de forma subsidiaria si la empresa no cumple con esta obligación en el plazo fijado.
En su intervención, la edil de Vox ha calificado de “inaudito” que el alcalde defienda los intereses de la empresa Ginkgo –responsable del proyecto de regeneración de los terrenos– por encima de un informe técnico de la Consejería de Cultura, el cual mantiene que ciertos elementos deben conservar su grado de protección integral. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, también ha criticado las declaraciones del alcalde, quien afirmó que Ginkgo está realizando una fuerte inversión en la descontaminación del suelo y necesita “rentabilizarlo con pisos”. Por ello, Llaneza considera “preocupante” que se prioricen los intereses privados sobre las obligaciones legales relacionadas con la protección patrimonial.
En tanto, el PSOE ha subrayado que el plan de urbanización planteado por Ginkgo entra en conflicto con el informe de la Dirección General de Patrimonio, que limita la construcción en zonas con elementos protegidos. «Hay una ley de patrimonio que hay que cumplir», ha remarcado Llaneza, quien también ha cuestionado si la empresa recibió expectativas urbanísticas que no se ajustan a la normativa vigente.
